Organizaciones reportan más de 800 mil víctimas de accidentes de tránsito en un año

Más de 800 mil personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito en el último año en Guatemala, de acuerdo con cifras de hospitales nacionales y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que organizaciones sociales señalan que muchas de estas víctimas no cuentan con protección económica para enfrentar las consecuencias de estos hechos.

Denis Aguilar

marzo 16, 2026 - Actualizado marzo 16, 2026
Foto: Carlos Alonzo

Este 16 de marzo se cumple un año desde que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo decidió suspender la vigencia del seguro obligatorio para víctimas de accidentes de tránsito. Desde entonces, según la Alianza Guatemalteca por Guatemala, las personas lesionadas y los familiares de fallecidos han continuado afrontando los costos derivados de estos hechos sin un mecanismo de indemnización establecido.

La alianza, integrada por más de 450 organizaciones sociales, informó que consensuó un reglamento denominado “Guate para Guate”, el cual —según indicaron— busca dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Tránsito de Guatemala y establecer un seguro obligatorio para cubrir a las víctimas de siniestros viales.

César Bol, vocero de la organización, explicó que el mecanismo plantea la creación de un fondo financiado con un aporte de cinco centavos por pasajero, lo que permitiría otorgar indemnizaciones que irían desde Q4 mil hasta Q200 mil a personas afectadas o a familiares de quienes fallezcan en estos hechos.

En ese contexto, la organización anunció la convocatoria al Gran Pacto Nacional por los 5 Centavos, iniciativa con la que buscan respaldo social para impulsar la implementación del seguro obligatorio.

Bol indicó que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa con representantes de distintos sectores para informar sobre el alcance de la propuesta y responder a cuestionamientos en torno al seguro.

Además, señaló que existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece que el gobierno no debe posponer la vigencia del seguro obligatorio. Añadió que el mecanismo no tendría impacto en la canasta básica y que las aseguradoras estarían obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes.

“En este lamentable aniversario, todos deben defender y exigir este auxilio económico a favor de las víctimas y sus familiares, porque ya es dramáticamente urgente e impostergable”, expresó Bol.

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