El involucramiento de siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la supuesta simulación de un delito durante la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz generó indignación sobre la forma de actuar de algunos agentes policiales.

Las críticas por la falta de confianza hacia la institución circularon en redes sociales, donde internautas señalaron los malos procedimientos que ejecutan los agentes, principalmente durante las revisiones en carreteras. Actualmente, los siete policías permanecen en prisión preventiva, mientras se investigan las causas que los habrían motivado a simular que los hermanos Choc Toz eran responsables del crimen contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar.

Los siete integrantes de las fuerzas policiales pertenecen a la Comisaría 13, que ocupa el séptimo lugar a nivel nacional entre las dependencias que más denuncias ciudadanas han recibido durante los últimos siete años.

Entre 2020 y 2026, la Inspectoría General de la PNC recibió 21 mil 845 denuncias contra elementos policiales. De estas, abrió 10 mil 885 investigaciones, pero impuso únicamente 608 medidas disciplinarias, de las cuales 101 fueron destituciones.

Así lo revelan los datos entregados por la PNC al Ministerio de Gobernación, en respuesta a la solicitud de información presentada por eP Investiga sobre las denuncias registradas entre 2020 y 2026. 

Las 608 medidas disciplinarias equivalen a 2.8 por ciento del total de denuncias recibidas y al 5.6 por ciento de los casos investigados.

Denuncias en aumento este año

En 2020 se registraron un total de 3 mil 748 denuncias. Mientras que en 2023 hubo 2 mil 55 quejas. Los registros proporcionados muestran un nuevo incremento este año, pues a la fecha suman 3 mil 152 quejas formales.

Otro dato llamativo es que en los últimos siete años la Escuela de Formación de Oficiales de Policía (ESFOP) pasó de registrar entre cero y cinco denuncias anuales a 140 en lo que va de este año.

El abandono de labores, negligencia, consumo de bebidas alcohólicas y mala imagen a la institución suman 5 mil 244 casos, equivalentes al 48 por ciento del total.

El abandono de labores es la conducta más recurrente dentro de ese grupo, con 2 mil 947 casos, que representan el 27 por ciento del total de las denuncias. Los años en que más se registraron estos hechos fueron 2022 y 2023, con 731 y 819 casos, respectivamente.

Cohecho, entre los delitos más denunciados

Según los datos proporcionados, el delito más denunciado contra integrantes de la PNC es el cohecho pasivo, con 427 casos. Alcanzó su máximo más alto en 2021, con 107 señalamientos y bajó a 44 en 2026, aunque este año aún no ha concluido.

El cohecho, consiste en solicitar o recibir sobornos, también figura entre los delitos que más aparecen en los registros de sanciones. Casi todas las medidas disciplinarias detalladas por la PNC se relacionan con ese delito, seguido de robo, abuso de autoridad, extorsión y hurto.

El Ministerio de Gobernación comenzó a reportar medidas disciplinarias a partir de 2022, cuando se reportaron 22. En 2024 realizaron 28 destituciones y, hasta finales de octubre de este año, se contabilizaron siete.

Sin embargo, el cohecho no es el único delito denunciado contra los elementos policiales. Entre los hechos más graves, los registros incluyen 26 casos de homicidio, 15 de asesinato, 15 de ejecución extrajudicial, 18 de plagio o secuestro y cinco de femicidio.

Las denuncias por ejecuciones extrajudiciales tuvieron un repunte el año pasado, cuando se registraron nueve casos, frente a entre uno y tres, durante los demás años analizados.

Uno de los más recientes y emblemáticos relacionados con abusos policiales recibió sentencia en las últimas semanas. Se trata del crimen contra el canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc, quienes fueron detenidos de forma irregular por agentes de la subestación policial de San Andrés Iztapa, Chimaltenango.

El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó sentencia contra siete expolicías procesados por la muerte de Santamaría y Choc, ocurrida el 18 de abril del 2024. Las penas incluyen condenas de hasta 60 años de prisión por ejecución extrajudicial, mientras que otros delitos fueron modificados durante la resolución.

Los agentes concentran la mayoría de denuncias

Los datos de la base del Ministerio de Gobernación muestran que, entre los distintos rangos y cargos de la PNC, los agentes son los que concentran la mayoría de las denuncias, con 9 mil 717 casos, equivalentes al 89.3 por ciento del total de investigaciones reportadas.

Los mandos altos casi no aparecen en los registros. Durante los siete años analizados únicamente se reportaron cuatro casos contra comisarios generales, tres en 2023 y uno en 2024. También figura un caso contra un subdirector general, en 2024.

Las comisarías que acumulan más señalamientos son la Comisaría 15, de Villa Nueva, con mil 313 denuncias; la Comisaría 12, que cubre principalmente las zonas norte y noreste de la Ciudad de Guatemala, con mil 310; y la Comisaría 11, que tiene cobertura en el distrito central, con mil 262.

Sanciones y vacíos de información

Además de la diferencia entre el número de denuncias y las medidas disciplinarias impuestas, la información entregada por la PNC presenta vacíos que impiden conocer con mayor precisión dónde y cuándo ocurrieron los hechos.

La institución informó que no proporciona desgloses por lugar de los hechos, fechas, acciones promovidas ni información sobre cuáles casos corresponden a estructuras criminales, supuestamente porque esos datos no constan en las bases de información.

Las tablas de sanciones se concentran en hechos vinculados con corrupción y delitos, mientras que las faltas como el abandono de labores casi no aparecen entre las medidas disciplinarias reportadas.

Para el abogado y criminalista Carlos Martínez, el procedimiento mediante el cual se desarrollan las investigaciones y se imponen sanciones dentro de la PNC es obsoleto y debería reformarse.

Explicó que los policías, como cualquier funcionario público, están sujetos a investigación. Cuando se presentan denuncias ante el Ministerio Público (MP), se solicita a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC que realice las averiguaciones. Sin embargo, estimó que estas investigaciones son débiles y se limitan a reenviar las nóminas en las que aparecen los agentes señalados.

Martínez señaló que existen numerosas denuncias contra agentes de la PNC que no están relacionadas directamente con su desempeño dentro de la institución. Por esa razón, los procedimientos suelen limitarse a una averiguación de los hechos y no llegan a convertirse en sanciones.

También cuestionó la configuración del procedimiento sancionatorio, pues los policías pueden recibir sanciones administrativas incluso cuando son absueltos en otras instancias, como los tribunales de sentencia penal. Pese a sus críticas, el analista hizo un llamado a la población para que denuncie los hechos en los que considere que un agente de la PNC está actuando de manera irregular, aunque advirtió que el protocolo actual es inservible.

“La Oficina de Responsabilidad Profesional tiene la obligación de investigar, pero únicamente toman algunas declaraciones, ven las nóminas y piden que se eleve al tribunal disciplinario. Pero este no está legalmente constituido”, aseguró Martínez.

El criminólogo agregó que los ministros de Gobernación también tienen una gran responsabilidad en las deficiencias de los agentes que comenten delitos o faltas, debido a que no dieron continuidad a los procesos de formación y capacitación policial.

En esto coincide Álvaro Poz, también criminólogo, quien señaló que, a partir de la llegada de Jimmy Morales a la presidencia y de Enrique Dehenhart a Gobernación, la formación académica para los agentes comenzó a deteriorarse. Criticó que, pese a que esta debió ser una prioridad para las siguientes administraciones, no se han implementado las medidas necesarias para fortalecerla.

Ambos especialistas coincidieron en señalar que los salarios de los agentes de la PNC “son de hambre”.

Pocas denuncias por violencia contra las mujeres

Los registros de la PNC también incluyen denuncias por violencia contra las mujeres. Entre 2020 y lo que va de este año se han contabilizado 195 casos. De estos, 71 corresponden a acoso sexual y 55 a violencia intrafamiliar.

Para Laura Castillo, trabajadora social que ha atendido casos de mujeres víctimas de violencia sexual, resulta lamentable la baja cantidad de denuncias registradas por hechos de violencia contra las mujeres dentro de la PNC.

Afirmó que esta situación responde, entre otros factores, a que las víctimas no denuncian debido a la falta de respuesta institucional ante los hechos y a que persiste la corrupción dentro de la institución.

“La población en general desconfía de la policía por procedimientos como registros en la vía pública o la revisión de vehículos, que es donde más se reportan procedimientos ilegales. Ahora pensemos en una mujer víctima de violencia sexual de parte de la autoridad, que es la que debería proteger su integridad. Es por eso la baja cantidad de denuncias”, remarcó Castillo.