La Superintendencia de Competencia abrió el proceso para elegir al funcionario que ocupará el cargo de superintendente hasta octubre de 2031, luego de que el puesto quedara vacante con la salida de Jorge Miguel Castillo Castro, quien fue el primer titular de la institución.
La decisión está contenida en la Resolución 55-2026, emitida ayer 10 de agosto por el Directorio. En ella se establece el procedimiento para cubrir la vacante y se señala que, debido a que la normativa no contempla expresamente el escenario producido por una renuncia anticipada, corresponde al Directorio establecer el mecanismo para realizar la designación.
El funcionario que resulte seleccionado no comenzará un nuevo período de seis años. De acuerdo con la resolución, deberá completar el período vigente, que concluye el 12 de octubre de 2031.
https://sicom.gob.gt/minutas/2026/resolucion_55_2026.pdf
La salida del primer superintendente terminó en disputa
Castillo presentó su renuncia el pasado 10 de marzo. En la carta la calificó como irrevocable y estableció que sería efectiva a partir de la elección de un nuevo superintendente. Sin embargo, casi cuatro meses después, el 7 de julio, Castillo comunicó al Directorio que retiraba su renuncia y dejaba sin efecto la carta presentada en marzo. El entonces superintendente argumentó que el Directorio no había conocido y aceptado formalmente su renuncia dentro del plazo correspondiente y que, por ello, podía retirarla.
El Directorio rechazó esa interpretación y en la sesión extraordinaria del 27 de julio, decidió que el retiro de la renuncia era improcedente y posteriormente aceptó formalmente la renuncia presentada en marzo. También ordenó a Castillo entregar inmediatamente el cargo.
Las decisiones fueron aprobadas con los votos de los directores Javier Bauer Herbruger y Jorge Mario González Paz. Edgar Rolando Guzmán Fuentes votó en contra y dejó constancia de que presentaría votos disidentes razonados.
Para garantizar la continuidad de la institución, el Directorio designó provisionalmente a Tomás Xoyón Acán, intendente de Gestión Administrativa y Financiera, como superintendente y representante legal mientras se realiza el proceso para elegir al nuevo titular.
La disputa por la salida de Castillo fue otro episodio de las diferencias internas que han acompañado a la institución desde sus primeros meses de funcionamiento.
Comienza la carrera por el cargo
Con la vacante formalizada, el Directorio estableció mediante la Resolución 55-2026 un procedimiento de selección que tendrá una convocatoria de 15 días hábiles. El proceso contempla la recepción y revisión de expedientes, publicación de los aspirantes, un período para subsanar errores u omisiones, presentación de un plan de trabajo, entrevistas, examen de oposición y evaluación psicométrica.
A partir de los resultados se elaborará una lista con los seis candidatos mejor calificados. Estos deberán presentar una declaración jurada de intereses y posteriormente pasarán a una entrevista final ante el Directorio, que tendrá a su cargo la designación. Los aspirantes también deberán realizar un examen de oposición elaborado por una institución de educación superior de reconocido prestigio internacional en materia de competencia.
El Directorio estableció además que las sesiones relacionadas con el proceso serán públicas y transmitidas en vivo y que la documentación generada deberá ser publicada en el sitio web de la Superintendencia.
Una institución que acumula polémicas
La convocatoria para elegir al segundo superintendente ocurre después de una serie de controversias que han puesto bajo escrutinio el funcionamiento de la institución.
Una de las primeras fue la decisión de fijar en Q75 mil mensuales el salario de cada uno de los seis integrantes del Directorio y del entonces superintendente Jorge Miguel Castillo. La medida, aprobada en enero, representaba un desembolso superior a medio millón de quetzales mensuales para las siete máximas autoridades y generó una división en el seno del Directorio.
Tras la polémica, el Directorio revocó esa escala y posteriormente aprobó una nueva con salarios de Q57 mil para los directores titulares, Q52 mil para los suplentes y Q52 mil para el superintendente, además de Q3 mil en gastos de representación para este último.
Pero la controversia salarial no terminó allí. En febrero, las autoridades hicieron efectivo un desembolso de Q1.6 millones por salarios y prestaciones retroactivas correspondientes a agosto-diciembre de 2025, según registros de Sicoin.
Otro de los cuestionamientos documentados por eP Investiga fue la contratación discrecional de personal. En febrero se reportó que Castillo había incorporado al menos a diez personas en plazas administrativas clave sin procesos públicos de selección. Entre los contratados figuraban exfuncionarios de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
La institución también ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su propia estructura. En junio, eP Investiga documentó que, a cinco meses de iniciar operaciones, la Superintendencia todavía no contaba con una sede propia ni había contratado a un gerente administrativo, aunque entre enero y mayo había desembolsado Q4.6 millones en salarios.
A esos episodios se sumaron críticas sobre los conflictos de interés a lo interno del Directorio. eP Investiga documentó que Javier Bauer, presidente del órgano colegiado, fue el notario que autorizó el matrimonio de Alfredo Skinner-Klee, director suplente, y que ambos mantienen una relación personal y profesional de más de 20 años. El vínculo fue cuestionado después de que Skinner-Klee participara en una decisión relacionada con una recusación contra Bauer.
Así, la elección del nuevo superintendente llega después de una cadena de controversias que incluye decisiones salariales, contrataciones, disputas entre directores, cuestionamientos sobre conflictos de interés y la salida accidentada del primer superintendente que ocupó el cargo.
Guzmán cuestiona nuevo proceso
En este contexto, la Resolución 55-2026 tampoco fue aprobada de manera unánime. Edgar Rolando Guzmán Fuentes dejó constancia de un nuevo voto disidente, esta vez respecto del procedimiento para elegir al nuevo superintendente.
En su razonamiento, Guzmán cuestiona que el proceso se inicie sin contar con el debido soporte administrativo y financiero. También advierte sobre actuaciones que dependerían de voluntades externas que, según su posición, no habían sido formalizadas al momento de emitir la resolución.
A criterio del director, esas circunstancias generan incertidumbre sobre la viabilidad del procedimiento y sobre la forma en que podrían atenderse eventuales situaciones durante su desarrollo. También expresa reparos sobre disposiciones que, según su criterio, podrían afectar intereses y derechos de los aspirantes.
La nueva disidencia adquiere relevancia porque Guzmán ya había marcado distancia de decisiones del Directorio durante la disputa por la salida de Castillo. En aquella ocasión cuestionó que el tema de la renuncia hubiera sido sometido a votación sin modificar previamente la agenda de la sesión y sostuvo que no existió una deliberación jurídica previa y colegiada suficiente. También cuestionó la participación de Bauer en la votación por un posible conflicto de interés.
Ahora, con la Resolución 55-2026, Guzmán vuelve a apartarse de la mayoría, esta vez por las condiciones en que se pretende desarrollar la selección del segundo superintendente.
El reto de escoger al segundo superintendente
El proceso abre un nuevo capítulo para una institución que fue creada para aplicar la Ley de Competencia y promover condiciones de libre competencia en los mercados, pero que durante sus primeros meses ha debido enfrentar controversias incluso antes de consolidar completamente su estructura.
El reto del Directorio será ahora escoger al funcionario que completará el período hasta octubre de 2031 mediante un proceso que la propia resolución plantea como público, técnico y basado en criterios de mérito.
Pero la designación también será una prueba para el propio Directorio. Después de una primera gestión marcada por múltiples polémicas, una renuncia convertida en disputa y nuevas diferencias internas, la elección del segundo superintendente pondrá a prueba la capacidad de la institución para iniciar una etapa distinta y consolidarse como la autoridad encargada de velar por la competencia en Guatemala.
