Esta queja fue presentada por el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, en contra de los magistrados Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vásquez y Otilio Benjamín López Maldonado.
De esta forma, la Supervisión General de Tribunales deberá iniciar el proceso de investigación administrativa por los hechos en los que habrían incurrido los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones, según indicó Sandoval.
El exjefe de la FECI comentó que la queja se presentó debido a que las actuaciones de los magistrados denunciados “han vulnerado principios éticos y legales”, al emitir resoluciones contra el debido proceso, contra la competencia de un juez natural y la independencia judicial.
“Han variado las formas procesales en al menos diez aspectos específicos, incluyendo la emisión de órdenes de captura sin competencia, la alteración del orden en la tramitación de solicitudes, la emisión de resoluciones sin fundamentación adecuada, y la persecución de personas con inmunidad diplomática”, dijo Sandoval.
En la queja, también se ha denunciado que se han ocultado documentos, así como retrasos injustificados en la resolución de recusaciones, lo que a su criterio se trata de “faltas graves y gravísimas contempladas en la Ley de la Carrera Judicial”.
“Se solicita la suspensión provisional de labores de los magistrados mientras se investigan los hechos”, dijo Sandoval.
Las órdenes de la Sala
El pasado 30 de mayo, la Sala Tercera de Apelaciones, tras una solicitud de la FECI, emitió varias órdenes de captura por presuntas irregularidades en el caso Odebrecht.
Entre esas órdenes de captura están las de Iván Velásquez, exjefe de la CICIG, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, quien también formó parte de esa Comisión.
Además, se pidió la orden de captura contra Juan Francisco Sandoval y la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, así como otros exfiscales y extrabajadores de la CICIG.
