La decisión responde a una solicitud de Carlos Ernesto Villeda Sánchez de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, quien los señala por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.  

Además, la Sala decretó rebeldía y orden de captura contra Thelma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general en Guatemala; Mayra Johanna Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público (MP); Juan Francisco Sandoval Alfaro, exfiscal de sección de la FECI. 

También se incluyen en este listado a Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de sección adjunta; Juan Pablo Carrasco de Groote, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemala-Estados Unidos (Amcham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG; y los exfiscales de la FECI Rudy Manolo Herrera Lemus y Amimayra Lizette Girón Rodas.  

En un video, Curruchiche afirmó que “la estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales”. 

El 16 de enero de 2023, el fiscal señaló que tienen “indicios sólidos, contundentes” para prever y establecer que Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales. “Participó en una estructura criminal al negociar acuerdos con Odebrecht, según correos electrónicos que involucran a Velásquez, Camargo y Carrasco”. 

En abril de 2025, Curruchiche reiteró que esta supuesta estructura, liderada por Velásquez y Sandoval, actuó de forma “corrupta e impune” al otorgar beneficios indebidos a los empresarios.  

El caso Odebrecht, revelado en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, expuso un esquema de sobornos por US$18 millones pagados por la constructora brasileña en Guatemala entre 2013 y 2015 para asegurar contratos de infraestructura, como la carretera CA-2 Occidente.

La actual FECI sostiene que los acuerdos de colaboración eficaz de 2017, gestionados bajo la dirección de Velásquez Gómez y con participación de Camargo, permitieron impunidad a exdirectivos de Odebrecht a cambio de información parcial, causando pérdidas millonarias al Estado.  

La Sala Tercera ordenó la emisión de una alerta a Interpol para facilitar la aprehensión de los señalados en cualquier país. Curruchiche no indicó si Guatemala solicitará la extradición de Velásquez y Camargo, quienes residen en Colombia.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones sostiene que las inmunidades y prerrogativas que amparaban a los funcionarios de la CICIG no son absolutas y cesan automáticamente cuando los actos realizados se apartan del marco de sus funciones oficiales.

Velásquez Gómez emitió un comunicado el 16 de enero de 2023, indicando: “no he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala” y aseguró que su labor en la CICIG se realizó “con total transparencia y dentro del marco legal”. También agradeció el apoyo del presidente Gustavo Petro, quien lo respaldó.

Sandoval calificó de ilegal la nueva actuación del Ministerio Público en el caso Odebrecht. En declaraciones a eP Investiga, señaló que la Fiscalía continúa sin investigar los sobornos canalizados mediante una operación de lavado de dinero transnacional y, en su lugar, ha mezclado hechos con el objetivo de incriminar y desprestigiar a quienes integraron la extinta CICIG. Además, cuestionó que se haya solicitado la orden de captura ante una sala de apelaciones, a pesar de que la jueza que conocía la causa fue recusada por la Fundación contra el Terrorismo. “Por ende, no podía conocer. Fueron directamente ante una sala de apelaciones y las salas de apelaciones no tienen competencia para conocer una petición como la que fue realizada”, advirtió.