Morales formó parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y tuvo un papel central en el expediente contra el partido Movimiento Semilla, organización que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.

El MP informó también que junto a Morales Lazo, también fueron destituidos los auxiliares Nehemías Obed Asencio Cruz, José Raúl Menendez Rivera, Ervin Joel Bolvito Enríquez, José María Galindo Rossel, Jorge Luis Cortes Rosales y Serwin Aram Camey Secaida.

«Dichas acciones responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación dentro del Ministerio Público», indicó el MP.

Morales Lazo fue pieza clave en los allanamientos que la FECI realizó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2023, diligencia en la que fueron abiertas las urnas electorales que permanecían selladas. En diciembre de ese año, Morales Lazo estuvo presente en la conferencia de prensa en la que el MP sostuvo que existían irregularidades que ponían en duda los resultados de la primera vuelta electoral. 

Después de su trabajo en la FECI, Morales fue ascendida en 2025 a la jefatura de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, una unidad encargada, entre otros asuntos, de investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y otros operadores de justicia.

En febrero de 2026 volvió a protagonizar un operativo polémico al dirigir diligencias del MP en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), durante la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC).

En el marco de ese caso, solicitó una orden de captura contra Astrid Lemus, horas antes de que asumiera como magistrada de la CC. La petición fue rechazada por el juez Carlos Toledo.

El caso contra Zamora

Otro de los expedientes con los que estuvo vinculada fue el proceso contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien fue detenido en julio de 2022, situación por la cual estuvo más de mil días en prisión preventiva. 

Morales figuró entre los fiscales que conocieron investigaciones relacionadas con el fundador de elPeriódico. Durante los últimos meses de la gestión de Porras al frente del MP, fue Morales quien participó en las audiencias que se realizaban por ese caso.

En reiteradas ocasiones, Morales Lazo se opuso a que se le otorgaran medidas sustitutivas al periodista para que recuperara su libertad. Además, interpuso acciones legales contra resoluciones que beneficiaban a Zamora.

En mayo de 2026, Zamora presentó denuncias contra Morales, Curruchiche, Cinthia Monterroso y otros funcionarios y operadores de justicia a quienes responsabilizó por actuaciones relacionadas con los procesos en su contra.

Zamora señaló a Morales Lazo de ser parte de una maniobra para frenar una querella en contra de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). 

Desestimación de denuncia contra Porras

El pasado 15 de junio, durante una citación en el Congreso, representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) expusieron que la Fiscalía contra Operadores de Justicia promovió la desestimación de la denuncia contra Porras, quien era señalada por adopciones irregularidades por expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En esa citación, la PGN indicó que la solicitud fue firmada por el fiscal José Raúl Hernández Rivera y avalada por la fiscal Morales Lazo.

La PGN indicó también que expresaron su desacuerdo con esa decisión por lo que la impugnaron. Previamente, en abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una solicitud de antejuicio en contra de Porras por ese caso. 

Sanciones 

Morales fue incluida por Estados Unidos en el informe de actores corruptos y antidemocráticos conocido como “Lista Engel”. El Departamento de Estado la señaló en diciembre de 2023 por liderar una investigación que, según esa institución, buscaba poner en duda los resultados electorales certificados y afectar la transición presidencial. 

Además, la Unión Europea (UE) también la incluyó en su régimen de sanciones contra funcionarios guatemaltecos. La decisión del Consejo de la UE de febrero de 2024 implicó congelamiento de activos y prohibición para que ciudadanos y empresas europeas pusieran fondos a su disposición, además de restricciones de viaje.