Según la información que trasladaron los y las expertas de la ONU, al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones irregulares luego de ser institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” tras su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala.
La información recibida vincula a funcionarios públicos en estos procesos, entre ellos Porras Argueta, quien —de acuerdo con los datos señalados— habría fungido como “tutora legal” de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
En ese sentido, pidieron que se desarrollen investigaciones independientes para determinar las responsabilidades de Porras y de otros funcionarios públicos que podrían haber estado involucrados en estos casos.
“Nos preocupa particularmente que no se haya llevado a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta participación de autoridades estatales en estos procesos y que las personas afectadas por estas adopciones forzadas, según se informa, no hayan recibido un reconocimiento ni reparaciones adecuadas”, dijo en su cuenta de X, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de abogados y magistrados.
Satterthwaite forma parte del grupo de expertos y expertas que recibieron información al respecto de estos casos. En este también están Gabriella Citroni, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Posibles delitos
El comunicado detalla que las adopciones ilegales pueden involucrar fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos oficiales, coacción o ausencia de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como beneficios económicos indebidos para intermediarios.
En el contexto actual, las y los expertos habían alertado sobre estos señalamientos contra Porras por su participación como candidata a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Finalmente, la actual fiscal general no fue designada para ningún cargo hasta el momento.
Ante estas alegaciones, que aún no han sido investigadas, instaron a los actores responsables de los procesos de selección a ejercer cautela. Recordaron que las personas contra quienes existan señalamientos creíbles de conductas incompatibles con estándares de derechos humanos no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva.
