Una denuncia presentada ayer por la organización Acción Ciudadana ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Contraloría General de Cuentas (CGC)  advierte sobre deficiencias en la publicación y actualización de información pública en comunas de Santa Rosa y Jutiapa.

El señalamiento surge de un monitoreo a los portales web municipales realizado en los meses transcurridos de este año. La evaluación se concentró en diez numerales del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relacionados con la obligación de las entidades públicas de divulgar información sobre su gestión y el uso de los recursos estatales.

Las municipalidades señaladas en la revisión son Chiquimulilla, Guazacapán, Oratorio, San Rafael Las Flores, Santa Cruz Naranjo y Taxisco, en Santa Rosa, así como San José Acatempa, en Jutiapa.

En total fueron examinados 70 registros de información pública. De estos, 59 presentaron brechas relevantes. Solo 11 fueron valorados con un cumplimiento considerado bueno, mientras que 37 obtuvieron una calificación deficiente o mala y 22 registraron incumplimiento total.

El caso más crítico, según la denuncia de Acción Ciudadana, corresponde a la Municipalidad de Chiquimulilla, que registra incumplimiento en los diez numerales evaluados. Su sitio web no muestra actividad reciente y buena parte de las publicaciones localizadas corresponden a 2024 y 2025, situación que dificulta conocer el estado actual de la administración y el uso de los recursos municipales.

En tanto, en comunas como Guazacapán y Taxisco existen documentos y publicaciones disponibles, pero estos no alcanzan a cubrir de manera continua todo el periodo evaluado. El informe advierte que la existencia formal de portales o documentos no garantiza el cumplimiento de la ley cuando la información presenta vacíos mensuales.

Uno de los mayores focos de preocupación está relacionado con la información financiera. Ninguna de las siete municipalidades obtuvo una calificación de cumplimiento bueno en el numeral 10.7, correspondiente a la publicación del presupuesto de ingresos y egresos.

Por su parte, el numeral 10.23, relacionado con la publicación de los informes finales de auditoría, fue el que registró el peor desempeño debido a que ninguna de las municipalidades evaluadas alcanzó un cumplimiento bueno. En varios casos, los últimos informes disponibles corresponden a 2024, lo que, según el informe, dificulta conocer las medidas correctivas adoptadas y el seguimiento a los hallazgos derivados de procesos de fiscalización.

El informe de la ONG también señala deficiencias en la información relacionada con obras públicas y compras directas. En Santa Cruz Naranjo y Taxisco, por ejemplo, los registros de obras revisados solo llegaban hasta abril de 2026. Estas brechas, advierte el documento, limitan la posibilidad de verificar aspectos como los contratistas responsables, los costos de los proyectos y sus avances físicos y financieros.

Solicitan intervención de la PDH y la CGC

César Vega, coordinador general de Acción Ciudadana, indicó que la falta de actualización y continuidad de los datos públicos representa un riesgo para la fiscalización de los recursos municipales. La ausencia de información clara sobre contratos, transferencias, presupuestos y ejecución del gasto, sostiene, impide reconstruir adecuadamente la ruta de los fondos públicos y constituye una señal que amerita una verificación documental y fiscal.

Ante esta situación, Vega pidió a la oficina de la PDH que instruya verificaciones directas en las municipalidades señaladas, abra expedientes de supervisión y establezca plazos claros para que las comunas actualicen, rectifiquen y completen la información que deben publicar.

En tanto, a la CGC se le solicitó realizar auditorías especiales de cumplimiento. El objetivo, según la denuncia, sería determinar si las deficiencias detectadas se limitan a incumplimientos en la publicación de información o si también podrían reflejar problemas relacionados con la rendición de cuentas y la gestión financiera de los gobiernos municipales.

El informe concluye que la existencia de una sección de información pública en los portales municipales no garantiza, por sí sola, el cumplimiento efectivo de la LAIP. Por ello, plantea que las municipalidades deben estandarizar sus plataformas y asegurar que la información financiera, presupuestaria y de contratación se publique de manera continua, completa y sin vacíos mensuales.

Finalmente, la denuncia plantea la necesidad de realizar una nueva verificación una vez vencidos los plazos que eventualmente establezcan las autoridades, con el propósito de determinar si los incumplimientos persisten y si las municipalidades han corregido las deficiencias señaladas.