María Consuelo Porras Argueta, quien está actualmente participando para una segunda reelección como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), fue recientemente señalada por expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por estar involucrada en, por lo menos, 80 casos de adopciones ilegales.
Expedientes que fueron proporcionados a El Faro por una organización internacional documentan los procesos de adopción de nueve niños nacidos en Guatemala, Honduras y El Salvador. En ellos, datos como su nacionalidad y motivo de institucionalización en el sistema de adopciones fueron alterados o directamente falseados por funcionarios guatemaltecos; entre ellos, Porras.
Los documentos incluyen los perfiles de las infancias y de sus supuestas madres –elaborados por trabajadoras sociales–, solicitudes de actas de nacimiento, pasaportes, las cartas de consentimiento para familias sustitutas emitidas por el Estado guatemalteco y las escrituras públicas que formalizaron las adopciones. Los expedientes coinciden con los registros de organizaciones de víctimas en América y Europa.
Otra organización internacional consultada por el medio salvadoreño corroboró la autenticidad de estos documentos e indicó que, aunque ‘’siempre hay un grado de incerteza’’ sobre la veracidad de los expedientes antiguos, los expertos de la ONU ‘’no pondrían en riesgo su prestigio si no tuvieran algún grado alto que supera la incerteza’’.
Muchas de las niñas y niños fueron ingresados y dados en adopción por el Hogar Elisa Martínez, donde Porras trabajó desde 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982, fungiendo como tutora legal de las y los menores institucionalizados.
Consuelo Porras eliminó la mención de su empleo en el Hogar Elisa Martínez del currículum enviado a la Comisión de Postulación del MP, pero en la hoja de vida que está disponible en la página del MP aún aparece.
Los archivos describen nueve casos. Uno de ellos es el de una niña nacida en El Salvador en 1974, quien migró con su madre a Quetzaltenango, Guatemala. Allí fue puesta en adopción luego de que la madre muriera, en 1977, en un hecho investigado por el MP como un asesinato.
Su muerte fue descrita por Rubén Darío Rossal, registrador de Quetzaltenango, como ‘’consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono’’. Otros documentos consultados por El Faro confirman los datos de la madre: 25 años de edad, soltera, originaria de El Salvador.
Su hija ingresó en el Hogar de Quetzaltenango en abril de 1978 y en 1981 fue trasladada al Hogar Elisa Martínez. Informes de ambos hogares mencionan el nombre de la madre y su fallecimiento como motivo de ingreso de la niña al sistema de adopciones. Sin embargo, en una carta dirigida al director general de Migración solicitando un pasaporte para la niña –fechada el 6 de agosto de 1982–, Porras afirmó que la menor de edad nació en la ciudad de Guatemala, era hija de padres desconocidos e ingresó al hogar ‘’por abandono’’.
En otros siete procesos, los funcionarios a cargo de los menores de edad actuaron de manera idéntica, eliminando los nombres de las madres y padres de las escrituras de adopciones a pesar de que estos estaban registrados en otros informes. Según la revelación periodística, Porras participó en todos los casos. Su firma aparece en por lo menos un documento de cada proceso.
Denuncias
Consuelo Porras enfrenta una denuncia interpuesta por la Procuraduría General de la Nación por su posible participación en adopciones irregulares. La investigación está en reserva, según lo estableció el MP que ella dirige y, hasta la fecha, no se han hecho públicos los avances en el caso.
En el actual proceso de elección de fiscal general, varias de las 33 tachas presentadas en su contra por organizaciones civiles y ciudadanos piden a los comisionados no permitir su reelección, debido a estos hechos que ahora pesan sobre su trayectoria.
