Lisbeth Mireya Batún Betancourt de 54 años, es graduada de abogada y notaria en 2001 por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); se ha desempeñado en diferentes puestos dentro del Organismo Judicial (OJ).
Comenzó como jueza de Paz en el municipio de San Felipe, Retalhuleu, y después se trasladó al departamento de Guatemala. En la actualidad, es jueza de Primera Instancia del Juzgado Pluripersonal Segundo de Ejecución Penal del departamento de Guatemala, cargo en el que devenga mensualmente Q36 mil 975, que se desglosa en un salario base de Q33 mil 400, un bono Q3 mil 200 y una bonificación profesional de Q375.
Se postuló para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones para el período 2024-2029, pero no fue seleccionada.
Según el portal de Guatemala Visible, en 2023 dictó una sentencia a favor de la separación de hombres y mujeres en cárceles. Esta medida obligó al SP a implementar medidas correctivas para que en los centros de privación de libertad mixtos se establecieran protocolos que evitaran la vulneración de las mujeres.
Una nota de Prensa Libre, publicada el 27 de septiembre de 2023, detalla que el hecho que motivó a implementar la separación de los reos fue porque en 2022 algunas mujeres fueron explotadas sexualmente por trabajadores de presidios en la cárcel de Mazatenango, Suchitepéquez.
En su expediente de carrera profesional, la jueza destaca algunos reconocimientos y cursos recibidos.
En marzo de 2021, Erick Miguel Castillo López, el entonces presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) otorgó un reconocimiento a la jueza Batún Betancourt, denominado “medalla a la excelencia profesional”.
El abogado Castillo López fue quien presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la comisión de postulación para la elección de fiscal general del año 2022. En el mismo argumentó que existía una amenaza de que se cometieran ilegalidades si la nómina de seis candidatos no era integrada por los mejores calificados. El recurso legal dio pie a que Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público (MP), integrara la lista final de la que fue electa por el presidente Alejandro Giammattei.
La jueza Batún Betancourt también ha disertado diplomados y conferencias organizados por el CANG, relacionados al SP y técnicas de litigio en la fase de ejecución penal. Otros cursos impartidos en El Salvador y Colombia destacan en su expediente, así como su participación en un seminario sobre la abolición de la pena de muerte.
El 14 de marzo de 2017, Batún Betancourt recibió un diploma por parte de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) y la dirección del SP, por haber impartido una conferencia relacionada con los derechos que tienen los privados de libertad.
“Otorgan el presente diploma de reconocimiento por haber dictado la conferencia sobre los derechos humanos de los privados de libertad, como un apoyo al desarrollo del seminario sobre beneficios penitenciarios”, dice el documento. El taller fue impartido a integrantes de equipos multidisciplinarios de la dirección general del SP.
Este reconocimiento fue firmado por el relator titular Otto Marroquín Guerra y por el relator presidente de esa época Carlos Alberto Solórzano Rivera, hermano del juez Víctor Cruz Rivera, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por considerarlo un actor antidemocrático.
El juez Cruz, es el mismo que tiene a su cargo el caso denominado Toma Usac: Botín Político, en el que se giraron 27 órdenes de captura, la mayoría contra estudiantes de la casa de estudios.
El director del SP durante el gobierno de Jimmy Morales, Nicolás García Fuentes, también firmó el diploma que se le otorgó a la jueza Batún Betancourt.
Columnista en El Siglo
Una carta firmada por Amilcar Alvarado Nisthal, director general del medio digital El Siglo revela que la jueza Batún Betancourt ha sido columnista desde el 31 de marzo de 2015. Sus publicaciones son los martes de cada semana y aborda temas “jurídicos y de interés nacional”.
La última columna fue publicada el pasado 22 de septiembre con el título “Convertir al juez en villano no resuelve la inseguridad”. En el texto, resalta que las decisiones judiciales conllevan riesgos y que no puede quedar bien con todos, pues su función es garantizar los derechos de quienes son despreciados por la sociedad.
Agregó que recibió insultos, amenazas de muerte y acusaciones de corrupción. Hechos que, según ella, la colocan en riesgo de sufrir un atentado contra su integridad. “En cuestión de horas, más de veinte años de trayectoria judicial intachable quedaron reducidos a una caricatura: la jueza que ‘favorece a pandilleros‘, la que ‘protege estructuras criminales‘, la corrupta que ‘se vende por dinero‘“, expuso en la columna.
Así mismo, solicitó que se investigue al SP por filtrar la orden judicial sobre “El Lobo”.
“La ley es categórica: el artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario establece que toda pena se ejecutará bajo el estricto control del juez de ejecución, único competente para autorizar traslados”, reafirma en su texto.
Alvarado Nisthal, director del medio El Siglo, fue capturado en 2022 por estar implicado en el caso de corrupción denominado Asodefir.
En este proceso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) informó que el gobierno de Estados Unidos denunció el mal uso de una donación por US $216 mil 787. El dinero era destinado para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades, sin embargo, se utilizó en la compra de acciones en un banco del sistema.
La jueza Batún Betancourt emitió un fallo en el que ordenó el 17 de septiembre que, en un plazo de 24 horas, “El Lobo” fuera trasladado de Renovación I a la prisión de menor seguridad, Fraijanes II. Esto fue decidido luego de informes que entregaron la entidad del Procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
Actualmente, un grupo de diputados analiza enviar al Pleno del Congreso la solicitud formal para que destituyan a Córdova y a los relatores titulares de la OPT.
