MP inmoviliza cinco fincas vinculadas al caso de los bancos gemelos

Aunque han transcurrido 25 años desde la intervención y quiebra de los bancos Promotor y Metropolitano, las autoridades sostienen que todavía existen activos y estructuras empresariales bajo investigación por su posible relación con el desvío y ocultamiento de recursos que terminaron afectando al Estado y a cientos de ahorrantes guatemaltecos.

Ricardo Quinto

mayo 12, 2026 - Actualizado mayo 12, 2026

El Ministerio Público (MP) informó hoy sobre la inmovilización de cinco fincas vinculadas al caso de los desaparecidos bancos Promotor y Metropolitano, conocidos como los “bancos gemelos”, como parte de una investigación relacionada con presuntos actos de fraude financiero y ocultamiento de bienes.

Las acciones fueron coordinadas entre la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía de Extinción de Dominio, luego de que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal autorizara las medidas cautelares sobre propiedades inscritas a nombre de distintas empresas relacionadas con la familia de exdirectivos señalados dentro del caso Alvarado MacDonald.

De acuerdo con la investigación, dichas empresas habrían sido utilizadas para desviar fondos mediante la simulación de créditos bancarios. Según el MP, el objetivo de estas operaciones era ocultar bienes y recursos que debían formar parte del proceso de liquidación de las entidades financieras intervenidas por el Estado tras el colapso de los bancos en 2001.

Las pesquisas sostienen que el mecanismo permitió presuntamente defraudar el patrimonio estatal, al impedir que la Junta de Exclusión designada para liquidar los bancos pudiera recuperar los activos vinculados a las operaciones financieras irregulares. Las autoridades consideran que las propiedades inmovilizadas podrían estar relacionadas con fondos obtenidos ilícitamente durante el funcionamiento de las entidades bancarias.

El MP explicó que las medidas fueron solicitadas para garantizar la conservación de los activos mientras continúan las investigaciones y se determina el origen de los recursos. Las acciones fueron ejecutadas conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, normativa que permite asegurar bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

El caso de los bancos gemelos y Francisco Alvarado MacDonald permanece bajo investigación por posibles actos de fraude financiero y manejo irregular de recursos relacionados con los extintos bancos Promotor y Metropolitano, cuya caída provocó millonarias pérdidas económicas y se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Guatemala.

Crisis financiera

La crisis financiera se desató el 1 de marzo de 2001, cuando la Junta Monetaria intervino simultáneamente los bancos Promotor y Metropolitano ante el inminente riesgo de incumplimiento de obligaciones con los ahorrantes. La caída de ambas entidades dejó al descubierto un esquema de préstamos vinculados, simulación contable y ocultamiento de cartera morosa que durante años permaneció escondido detrás de aparentes indicadores de solidez financiera.

eP Investiga recordó recientemente, mediante una publicación, que el colapso de los “bancos gemelos” no solo provocó pérdidas millonarias, sino que obligó al Estado a destinar más de Q3 mil 100 millones para contener el impacto sobre el sistema financiero y evitar una crisis bancaria de mayores dimensiones. El reportaje también documentó cómo gran parte de los créditos otorgados por las entidades beneficiaban a empresas vinculadas con sus propios accionistas y directivos, muchas de ellas sin respaldo suficiente ni capacidad real de pago.

La crisis dejó además profundas consecuencias políticas e institucionales. La caída de los bancos expuso debilidades en los mecanismos de supervisión financiera y derivó en reformas legales para fortalecer el papel de la Superintendencia de Bancos, endurecer los requisitos de capital y regular los créditos de emergencia otorgados por el Banco de Guatemala. Sin embargo, pese a las denuncias y procesos judiciales iniciados hace más de dos décadas, gran parte de los responsables no enfrentaron sentencias firmes.

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