El pasado 1 de marzo se cumplieron 25 años de la caída de los bancos Promotor y Metropolitano, un colapso que no solo destapó un millonario fraude financiero, sino que también expuso la estrecha cercanía entre sus principales accionistas y el gobierno de turno encabezado por Alfonso Portillo. La crisis sacudió la confianza pública, obligó al Estado a destinar millones de quetzales para contener el impacto y marcó un punto de quiebre que impulsó profundas reformas en la supervisión del sistema bancario guatemalteco.