Los representantes de la PGN y del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) fueron convocados por el diputado José Chic, quien el 18 de febrero presentó una querella contra la fiscal general Consuelo Porras, por entrega indebida de un menor y trámite irregular de adopción, entre otros delitos. Esto después de que relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaran la posible participación de la Fiscal General en una red de adopciones irregulares que funcionó entre 1968 y 1996.

El objetivo de la citación era requerir información sobre las denuncias interpuestas por la PGN, sin embargo, la institución indicó que no puede revelar detalles sobre el estado de la investigación. Agregaron que el Ministerio Público (MP) notificó, en un oficio remitido el 23 de febrero, que el caso está bajo reserva. 

La investigación fue puesta bajo la dirección de Leonor Morales, fiscal sancionada internacionalmente por corrupción y reconocida aliada de la funcionaria denunciada.

‘’Esto básicamente va a quedar en la impunidad’’, sentenció Chic. Cuestionó que el caso vaya a una fiscalía encargada de investigar atentados cometidos contra operadores de justicia, y no por la de Derechos Humanos, o incluso por la Fiscalía Contra Delitos Transnacionales.

La PGN solicitó al MP hacer un análisis para establecer si la denuncia debe conocerse a través de la sección de Delitos Contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, pero no han recibido respuesta.

La información que posee la ONU también es confidencial; según mencionó Mónica Bolaños, viceministra de Relaciones Exteriores, esto para proteger la identidad de las víctimas.

Chic pidió al Minex y a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) solicitar apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para la creación de una comisión de la verdad y para integrar un equipo multidisciplinario que investigue el caso.