La denuncia del diputado, presentada ante un Juzgado de Primera Instancia Penal, está motivada por el comunicado publicado recientemente de los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este señalan a la fiscal general de participar en las adopciones irregulares de, por lo menos, 80 niñas y niños indígenas.
Porras trabajó como directora en el hogar temporal ‘’Elisa Martínez’’, y como maestra en el hogar ‘’Rafael Ayau’’, según consta en su hoja de vida. Ambos centros están vinculados al caso mencionado por la ONU, que se desarrolló entre 1968 y 1996 en Guatemala.
Chic solicitó también que se le dicte una orden de arraigo a Porras, con el objetivo de impedir que salga del país durante esta investigación y otras que podrían iniciar más adelante. Ayer, la Procuraduría General de la Nación (PGN) también presentó una denuncia contra Porras, y pidió adherirse al proceso para colaborar con las investigaciones.
‘’Es importante que un caso tan delicado, que no prescribe, debe ser perseguido y debe ser investigado’’, puntualizó Chic. Informó además que se reunirá próximamente con la PGN y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para decidir si se adherirá al proceso penal contra Porras.
Cuestión de tiempo
Porras finaliza su mandato al frente del MP el 17 de mayo del 2026, con lo que perdería el derecho de antejuicio que la ha protegido hasta ahora de denuncias penales.
Porras intentó prolongar su inmunidad postulándose a una magistratura por el Consejo Superior Universitario, pero no consiguió ningún voto en la elección realizada el 16 de febrero.
