Durante al menos 40 años se ha dado la explotación petrolera en Guatemala en el campo Xan, que está ubicado en el área protegida de Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés, Petén. Dicha explotación se hizo sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental.
Según una publicación de Soy502, hasta 2024 se habían extraído más de 144.1 millones de barriles de crudo. La explotación petrolera se inició en 1985 con la empresa Basic Resources, que posteriormente fue absorbida por Perenco en 2001.
A principio de año, el Ejecutivo había analizado una prolongación del contrato con Perenco para un cierre técnico, pero esto finalmente no ocurrió.
Una publicación de Plaza Pública, detalla que Perenco le pagó al Estado US$713.6 millones entre 2010 y 2023. Sin embargo, el Estado le terminó devolviendo a la empresa US$900.1 millones por gastos de explotación.
En 2024, en una citación en el Congreso, Carlos Ortiz, viceministro de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), dijo que tras el cierre de Perenco, se tendrá que recuperar 14 mil 500 manzanas de terreno, las cuales serán recibidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Además, Ortiz dijo que hay 41 pozos productores de petróleo y de esos hay 31 pozos abiertos, mientras que los otros 10 pozos están fuera de servicio. También hay un oleoducto de 468 kilómetros.
Solo el campo Xan aporta un total del 90 por ciento del petróleo que se produce en Guatemala.
Cierre técnico
El presidente Bernardo Arévalo, dijo en “La Ronda”, que están tomando una medida para hacer frente a la finalización del contrato de Perenco y que esto se trata de la declaración de una emergencia para un cierre técnico.
“La firma Perenco entrega las instalaciones mañana y como existe un vacío en la legislación petrolera guatemalteca, ellos no están obligados a entregar al campo Xan con lo que se conoce como un cierre técnico ambiental, es decir, cerrar los pozos para garantizar que, una vez cese la actividad productiva, estos pozos no se conviertan en un foco de contaminación ambiental”, afirmó.
Sin embargo, mencionó que no pueden intervenir antes de que la empresa entregue los terrenos al Estado, además de que la ley no les obliga a realizar un cierre técnico.
“La única manera mediante la cual se puede asumir la tarea de garantizar que se realice un cierre que previene daño ambiental es haciendo una declaración de emergencia”, explicó el mandatario.
A mediados de julio, los diputados oficialistas, Victoria Palala y José Carlos Sanabria, presentaron una iniciativa de ley para el cierre técnico y recuperación ambiental responsable de las operaciones de explotación de hidrocarburos, pero esta no ha avanzado en el pleno.
