Las comunas de Chiquimulilla, Guazacapán, Oratorio, San Rafael Las Flores, Santa Cruz Naranjo y Taxisco, en Santa Rosa, y San José Acatempa, en Jutiapa, fueron señaladas por deficiencias en transparencia que dificultan seguir la ruta del dinero público. Un monitoreo realizado por una organización civil detectó brechas en 59 de los 70 registros revisados, incluidos datos sobre presupuestos, obras, compras directas y auditorías.
Un monitoreo sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública realizado por Acción Ciudadanda identificó que siete municipalidades presentan distintas brechas en la publicación, actualización y accesibilidad de información pública de oficio relacionada con el manejo de recursos municipales. Información presupuestaria, contrataciones, remuneraciones y otros son los principales puntos que estas comunas no han publicado.
Acción Ciudadana presentó una denuncia ante la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). También presentó una solicitud de presencia fiscal ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) por presuntos incumplimientos de obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de al menos siete municipalidades.
La nómina de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó sin posibilidad de impugnación tras la disolución de la Comisión de Postulación, denunciaron organizaciones civiles que cuestionan un proceso marcado por la inclusión de candidatos señalados y advertencias internacionales sobre posibles vínculos con el crimen organizado
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió denegar nuevamente un amparo provisional solicitado por Acción Ciudadana (CC) que se presentó en contra de la Junta Directiva del Congreso de la República y con el que se pretendía dejar sin efecto el acuerdo que aprobó un aumento salarial para los diputados.
La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite dos solicitudes de amparo en única instancia promovidas por César Alexander Vega de la organización Acción Ciudadana en contra de la Junta Directiva del Congreso de la República.
La organización Acción Ciudadana (AC) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) dos nuevas acciones de amparo que buscan dejar sin efectos el aumento salarial que los diputados se recetaron, esta vez se accionó contra las actas 21-2025 y 10-2025, emitidas por el Organismo Legislativo.
La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió dar trámite a una acción de debida ejecutoria que presentó Acción Ciudadana (AC) en contra de la decisión de la Junta Directiva del Congreso de incrementar el salario de los diputados sin que esto se haya conocido en el pleno.
Pese al leve avance, los expertos consideran que el país aún debe implementar una agenda anticorrupción y fortalecer con urgencia la independencia del poder judicial y del Ministerio Público, debido a que son instituciones que siguen bajo control de redes de corrupción.
La organización Acción Ciudadana presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Acuerdo Legislativo 31-2024, con el cual los diputados aprobaron el presupuesto 2025 para el Congreso de la República y se recetaron un aumento salarial.
