La revisión, realizada con corte a marzo de 2026, evaluó diez numerales del artículo 10 de la ley vinculados con remuneraciones, presupuesto, ejecución del gasto, contrataciones, compras, obras, subsidios y auditorías.
Los hallazgos señalan que los principales problemas se concentran en la información que permite seguir la ruta del gasto público municipal: procesos de cotización y licitación, contrataciones, compras directas, ejecución de obras, transferencias y auditorías. La falta de datos actualizados o completos limita la capacidad de la ciudadanía para verificar cómo se planifican, adjudican y ejecutan los recursos públicos.
Por ejemplo, en la Municipalidad de San Francisco, Petén, el informe señala que, aunque la comuna publicó información adecuada sobre remuneraciones, presupuesto y contratos de bienes y servicios, incumplió en la actualización de la ejecución presupuestaria, subsidios, obras, contrataciones registradas en sistemas electrónicos y auditorías.
La ejecución presupuestaria estaba publicada únicamente hasta enero de 2026, mientras que la información sobre obras y subsidios presentaba rezagos de actualización, según el informe de Acción Ciudadana.
En la comuna de Santa Ana, Petén, los señalamientos incluyen la ausencia de información actualizada sobre remuneraciones, contrataciones de bienes y servicios, procesos de cotización y licitación, obras, compras directas y auditorías. El monitoreo encontró que algunos apartados contenían información de años anteriores o no permitían verificar datos correspondientes a 2026.
La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, presentó el mejor desempeño relativo dentro del grupo evaluado. Sin embargo, el informe identificó debilidades en la información sobre obras y compras directas, además de problemas formales en algunos documentos de cotización y licitación, como falta de firma o sello institucional.
En el caso de la Municipalidad de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez, el cumplimiento fue mixto. Aunque presentó información adecuada en remuneraciones, obras y compras directas, el informe detectó falta de actualización en presupuesto, ejecución presupuestaria y contrataciones de bienes y servicios. También señaló vacíos en la información sobre subsidios y transferencias, al no incluir un desglose suficiente de los fondos entregados.
Según detalla el informe de AC, el caso más crítico corresponde a la comuna de Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez, donde se registró incumplimiento en los diez numerales revisados. El informe indica que no se localizó información actualizada a marzo de 2026 en los apartados evaluados o los documentos disponibles correspondían a años anteriores.
Entre las carencias detectadas en esta municipalidad están las remuneraciones, presupuesto, ejecución presupuestaria, contrataciones, compras directas, obras y auditorías.
En La Unión, Zacapa, la evaluación encontró avances en remuneraciones, ejecución presupuestaria y contrataciones de bienes y servicios, pero incumplimientos en presupuesto, subsidios, obras y auditorías. El portal municipal omitía algunos apartados o no contenía información verificable en áreas como obras y auditorías recientes.
En Usumatlán, Zacapa, el informe identificó problemas tanto de ausencia de información como de calidad documental. La municipalidad incumplió en presupuesto, ejecución presupuestaria, subsidios, contrataciones por cotización y licitación, y auditorías. Además, algunos documentos publicados presentaban problemas de correspondencia o accesibilidad que impedían verificar plenamente el cumplimiento.
El informe de Acción Ciudadana concluye que la principal debilidad no está únicamente en la existencia de portales municipales, sino en que la información publicada sea actualizada, completa, verificable y accesible.
Ante estos hallazgos detectados, AC presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entidad que es la reguladora de la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, se pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizar presencias fiscalizadoras.
