La desintegración de la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a magistrados del TSE dejó sin posibilidad de impugnación el listado entregado al Congreso de la República, según denunciaron organizaciones de la sociedad civil que intentaron presentar objeciones al proceso sin lograrlo.

César Vega, integrante de Acción Ciudadana, explicó que este viernes por la mañana acudió al Congreso, sede donde funcionó y sesionó la Comisión de Postulación, para presentar una impugnación contra la nómina de candidatos conformada por esa instancia. Sin embargo, relató que no pudo hacerlo debido a que no fue atendido por ningún trabajador y el acceso al lugar permanecía cerrado.

Según Vega, la imposibilidad de presentar impugnaciones se originó en la aplicación del artículo 141 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el cual establece que la Comisión de Postulación se desintegra automáticamente una vez se remite la nómina de candidatos al Congreso. A su criterio, aunque esta normativa tiene rango constitucional, su aplicación en este caso vulnera derechos fundamentales como el derecho de defensa y el debido proceso garantizados por la Constitución.

El representante de Acción Ciudadana señaló que la legislación vigente también contempla mecanismos de impugnación que no pudieron ejercerse. Indicó que el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación establece la posibilidad de impugnar las actuaciones de estas instancias dentro de un plazo no mayor de 72 horas.

“Al no haber posibilidad de impugnar, los aspirantes no incluidos no pueden impugnar; no hay derecho de defensa”, afirmó Vega.

Añadió que también se estaría violando el debido proceso, ya que existen resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que establecen que antes de continuar con las siguientes etapas de elección deben agotarse los mecanismos de impugnación.

El representante de Acción Ciudadana advirtió que ante la imposibilidad de presentar objeciones deja bajo cuestionamiento la legalidad del proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y señalaron que evalúan acciones legales para restablecer las garantías constitucionales que consideran vulneradas.

Lista bajo polémica

La Comisión de Postulación entregó al Congreso una nómina de 20 aspirantes entre los cuales los diputados deberán elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integrarán el Tribunal Supremo Electoral para el próximo período constitucional. Los nuevos magistrados deberán asumir funciones el 20 de marzo, cuando concluye el mandato de las actuales autoridades electorales.

La integración de la nómina ha estado rodeada de polémica desde su conformación. Diversas organizaciones civiles han señalado que entre los aspirantes incluidos, figuran perfiles cuestionados por su trayectoria o vínculos políticos, lo que generó críticas sobre los criterios utilizados por la Comisión de Postulación.

La controversia también trascendió a nivel internacional, pues los Estados Unidos advirtió públicamente que el proceso de postulación evidenciaba debilidades institucionales y señaló que las universidades representadas en la comisión habrían permitido que la nómina fuera infiltrada por personas afines al crimen organizado y al narcotráfico.