“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”, expresó el diplomático.
Barrett señaló que las decisiones adoptadas en ese proceso habrían favorecido intereses particulares sobre los principios institucionales y el fortalecimiento democrático. Sus declaraciones se producen en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la integración de autoridades electorales.
Las declaraciones de Barrett se dan un día después de que la Comisión de Postulación del TSE definió la nómina de 20 aspirantes que se enviará al Congreso de la República para que elijan a cinco magistrados titulares y a cinco suplentes.
La aplanadora de decanos y rectores
Según el Movimiento Pro Justicia, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, quien presidió la Postuladora. Además, el representante de los rectores de las universidades privadas, Mynor Herrera, junto al decano de la Facultad de Derecho de la Usac, Henry Arriaga, y el representante de los decanos de las universidades privadas, Donald González, hicieron una alianza para elaborar la nómina de 20 aspirantes.
Esto fue calificado por Pro Justicia como una “aplanadora de rectores y decanos”, que permitió a perfiles de aspirantes no idóneos integrar la nómina, de la cual el Congreso deberá elegir a los nuevos magistrados del TSE.
Pro Justicia también resalta que el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Comisión de Postulación, Gregorio Saavedra, se alió con los decanos y rectores en 12 de los 20 que fueron electos para integrar la nómina.
Esto permitió que aspirantes cuestionados como Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Mario Alexander Velásquez Pérez, Lesther Castellanos Rodas, Julio César Recinos Fabián, entre otros, integren la nómina.
