Dos publicaciones de eP Investiga revelaron cómo un esquema de compras fragmentadas bajo la modalidad de baja cuantía permitió que empresas vinculadas al denominado caso B410 continuaran obteniendo contratos millonarios para abastecer de alimentos a la Policía Nacional Civil.

Las investigaciones documentaron que Grupo Empresarial Global acumuló al menos Q170.5 millones en adjudicaciones entre 2020 y mayo de 2026, incluyendo más de Q80 millones solo en 2025 y otros Q23.4 millones durante los primeros meses de 2026. Los reportes también identificaron patrones recurrentes de fraccionamiento de compras para evitar procesos competitivos y facilitar adjudicaciones directas.

Además, un análisis de adquisiciones realizadas por distintas comisarías y dependencias policiales evidenció sobreprecios que, en algunos productos alimenticios, alcanzaron hasta el 181 por ciento en comparación con valores de mercado. Las publicaciones expusieron cómo las compras eran autorizadas mediante eventos repetitivos cercanos al límite legal de Q25 mil, mecanismo que habría permitido la continuidad del esquema dentro de la institución policial.

Tras las revelaciones periodísticas, el Ministerio de Gobernación reconoció la existencia de posibles irregularidades en el funcionamiento de los comedores de la PNC y anunció el cierre de algunos de estos espacios mientras se desarrollan revisiones administrativas, técnicas y legales.

En esta entrevista realizada mediante intercambio de mensajes instantáneos, el ministro Marco Antonio Villeda responde sobre las anomalías detectadas, las posibles responsabilidades administrativas y penales, la continuidad de las investigaciones y los cuestionamientos en torno a la salida del exviceministro administrativo Felipe Sánchez.

Qué irregularidades específicas encontró el Ministerio de Gobernación en el funcionamiento de los comedores de la PNC?

Lo que se ha identificado hasta este momento son indicios de posibles debilidades administrativas, operativas y de control en los procesos vinculados al suministro de alimentos. Por responsabilidad institucional, no corresponde adelantar conclusiones hasta que finalicen las revisiones técnicas, administrativas y legales correspondientes.

¿Ya se presentaron denuncias penales correspondientes ante el Ministerio Público contra los funcionarios, ex funcionarios o empresas responsables? Si es así, ¿quiénes son los principales señalados?

El Ministerio de Gobernación actuará conforme a la ley. Si de la revisión documental y técnica se desprenden elementos que puedan constituir hechos ilícitos, se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. En este momento no sería responsable señalar personas o empresas sin que exista una base legal debidamente sustentada.

¿Hay altos mandos actuales o pasados de la cúpula de la PNC que estén siendo investigados administrativamente o que hayan sido apartados de su cargo por este caso?

Cualquier responsabilidad administrativa será determinada mediante los procedimientos internos correspondientes, respetando el debido proceso. El Ministerio no hará señalamientos anticipados, pero sí garantiza que toda persona que haya tenido participación en decisiones relevantes será revisada dentro del marco legal aplicable.

¿Han identificado otras empresas aparte de Grupo Empresarial Global que también hayan vendido alimentos a la PNC con sobreprecio y bajo el esquema de baja cuantía? En caso de ser afirmativo, ¿cuáles son esas empresas?

La revisión no se limita a un solo proveedor. Se está analizando la trazabilidad de las contrataciones, los montos, los procedimientos utilizados y las condiciones de prestación del servicio. Hasta no concluir esa verificación, no sería prudente ni responsable mencionar nombres específicos.

¿La salida de Felipe Sánchez del Viceministerio Administrativo tiene relación con la estructura dentro de la PNC que benefició a determinados proveedores con la compra de alimentos?

La salida del Viceministro Administrativo responde a una decisión previamente planteada por él mismo y que ya se encontraba en proceso desde hace algún tiempo. La permanencia temporal en el cargo obedeció a la necesidad institucional de asegurar una transición ordenada mientras se identificaba a la persona idónea para asumir esa responsabilidad.

El compromiso del Ministerio de Gobernación es claro: ordenar, revisar, corregir y, cuando corresponda, denunciar. Pero también hacerlo con seriedad, sin juicios anticipados y respetando el debido proceso. La transparencia exige firmeza, pero también responsabilidad.