Ayala explicó que, durante las últimas reuniones de jefes de bloque, con acompañamiento técnico de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), fueron analizadas ocho enmiendas presentadas por distintas bancadas.

“De esas ocho enmiendas presentadas, dos tuvieron viabilidad parcial y tres tuvieron viabilidad completa. Hay tres artículos en los que ellos consideran que técnicamente no deberíamos promover cambios a como originalmente estaba el dictamen”, afirmó.

Según detalló, las modificaciones con viabilidad parcial corresponden a los artículos 12 y 25, mientras que hubo consenso técnico para cambios en los artículos 52, 83 y 111. En contraste, no se avalaron modificaciones a los artículos 8, 73 y 74.

El diputado indicó que el artículo 12 se refiere a definiciones relacionadas con personas expuestas políticamente y transacciones sospechosas, mientras que el artículo 25 aborda los grados de consanguinidad y afinidad aplicables a esas personas en casos especiales.

Sobre el artículo 52, explicó que se busca agregar una función adicional a la IVE relacionada con capacitación y divulgación. En el artículo 83 se incorporan las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos no consumados de lavado de dinero, con una pena equivalente a un tercio de la sanción.

En tanto, el artículo 111 modifica disposiciones del Código de Notariado para limitar exclusiones únicamente a aspectos relacionados con la Ley de Lavado y su reglamento.

Ayala señaló que no existió viabilidad técnica para modificar el artículo 8, relacionado con el enfoque basado en riesgo, ni los artículos 73 y 74, vinculados con la tipificación y autonomía del delito de lavado de dinero.

Contreras afirmó que esos apartados no pueden ser modificados debido a requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“73 y 74 dijeron que no los podemos tocar”, indicó Contreras. Al ser consultado sobre la postura de los jefes de bloque, respondió: “Pues los tenemos que aceptar, es lo que quiere la GAFI”.

Ayala explicó que una de las propuestas de reforma buscaba establecer de forma explícita garantías vinculadas a la presunción de inocencia y el debido proceso, mediante la exigencia de que el delito precedente estuviera previamente determinado. Sin embargo, señaló que esto podría afectar la autonomía del delito de lavado introducida en reformas aprobadas en 2010.

“Se consideraba que pudiera afectar eso, lo que previamente estaba establecido”, afirmó.

Añadió que la propuesta ya incorpora disposiciones “más garantistas” que la normativa vigente, debido a que obliga al Ministerio Público a demostrar que la persona conocía el origen ilícito de los fondos.

Contreras también defendió el contenido de la iniciativa y aseguró que limita el uso de reportes de la IVE como base directa para acusaciones penales.

“Con la nueva propuesta de la ley no; la IVE produce una alerta y el Ministerio Público tiene que ir y, por sus propios medios, demostrar que esa persona está cometiendo lavado”, afirmó.

El presidente del Congreso agregó que incluso se restringe que personal de la IVE pueda ser utilizado como testigo en procesos de esta naturaleza.

Los diputados señalaron que existe presión para aprobar la normativa debido al riesgo de que Guatemala sea incluida en una “lista gris”, lo que, afirman, tendría efectos sobre el sistema bancario y las inversiones en el país.

“Guatemala necesita la ley. Lo sabemos y queremos la ley”, expresó Contreras.

En agenda

El Congreso de la República convocó para el próximo miércoles 3 de junio a una sesión extraordinaria en la que la iniciativa 6593 fue incluida en el punto cinco de la agenda. Se espera que en esa sesión la propuesta sea conocida por artículos y en redacción final.

Contreras indicó que el lunes sostendrán una reunión con presencia de medios de comunicación para transparentar los acuerdos alcanzados antes de la sesión plenaria.

La discusión ocurre en medio de presiones de distintos sectores que han pedido la aprobación de la iniciativa, entre ellos la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.