“¿Continuará dando conferencias de prensa, doctora?” fue una de las preguntas que le hizo un reportero a Consuelo Porras en su primer acercamiento a los medios de comunicación, horas después de que el expresidente Jimmy Morales la había nombrado fiscal general del período 2018-2022.
“Totalmente de acuerdo con ustedes. Respeto, avalo y verdaderamente vamos a estar para servirles porque la población necesita estar informada. Es también una forma de justicia abierta, ¿verdad?, aperturar a los medios de comunicación toda la información que vamos a realizar en el MP para que la sociedad tenga el conocimiento”, afirmó Porras.
La prensa desconfía de la institución
Durante los dos periodos que Porras ha estado al frente del MP, se han intensificado los reportes de ataques a la prensa que van desde la agresión, bloqueo, censura y deslegitimación.
El portal de la Red Rompe el Miedo Guatemala reporta que, desde su creación en 2020, se registraron 34 casos en los que el MP aparece como agresor. Sin embargo, la mayoría de los incidentes no son denunciados ante las autoridades por dos razones: la primera es que no se tiene confianza en la institución. La segunda es porque los periodistas temen ser criminalizados por el mismo ente investigador.
El último informe de la organización revela que en el primer semestre de 2025, se registraron tres casos cuyo agresor fue el MP. El documento identifica al MP, Organismo Judicial (OJ), Policía Nacional Civil (PNC) y alcaldías como los principales responsables de las agresiones que sufre la prensa en su día a día.
“El MP es señalado por criminalización, desestimación de denuncias y uso indebido del derecho penal contra periodistas”, detalla el documento.
A decir de Brenda Guillén, coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), en los últimos años ha habido un esfuerzo de colocar denuncias para visibilizar el tema de los ataques a la prensa, pero los propios periodistas prefieren callar por temor a ser perseguidos.
“Lo que nosotros hemos documentado es que cuando se genera una agresión en contra de un periodista y nuestra sugerencia es colocar la denuncia, las víctimas responden que no, porque eso las coloca en mayor riesgo que el proceso de investigación que en realidad podría hacer el MP”, afirmó Guillén.
Añade que el fenómeno de no denunciar legitima al agresor a continuar con los ataques hacia el gremio en general. En este caso, el agresor es el MP.
Consuelo Porras contra los periodistas
Uno de los casos más relevantes de ataque a la prensa ocurrió el 29 de julio de 2022. Ese día la redacción del medio escrito elPeriódico y la casa de su director, Jose Rubén Zamora, fueron allanados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI).
Los operativos estaban liderados por Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, dos fiscales de la confianza de Porras y que se encuentran incluidos en la lista Engel de actores corruptos de Estados Unidos.
Desde entonces, el periodista Zamora permaneció en prisión. Dos años después fue beneficiado con arresto domiciliario, pero a petición del MP de Porras, nuevamente regresó a la cárcel.
El caso contra Zamora ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), relatores especiales de la ONU, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), senadores estadounidenses, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras entidades que catalogan la detención del periodista como arbitraria.
El hostigamiento de Porras no se detuvo, pues en febrero de 2023, la fiscal Monterroso solicitó al juez que llevaba el caso contra Zamora que también se pudiera investigar a periodistas y columnistas de ese medio. Hoy, varios de ellos están exiliados porque no hay garantías para su estadía en Guatemala ante la persecución del MP.
En marzo de 2022, el exministro de Comunicaciones de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, presentó una denuncia penal contra el periodista Juan Luis Font, director del medio Con Criterio. A los pocos meses, el comunicador salió al exilio y en 2024 la FECI presentó una orden de captura en su contra.
El 4 de noviembre de 2024, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC acudieron a las instalaciones del medio La Hora para perfilar al periodista Diego España. La diligencia nació de una denuncia que presentó la fiscal de la FECI, Elda Castillo, contra el comunicador por violencia contra la mujer. Las preguntas que el periodista hizo a la fiscal como parte de su trabajo fueron motivo para ser criminalizado.
El bloqueo a periodistas para evitar rendir cuentas
En 2022, poco antes de ser reelecta, la jefa del MP acudió a la Corte Suprema de Justicia para ser entrevistada por la Comisión de Postulación. A la prensa se le negó el acceso con el pretexto de que la sala estaba llena, aunque no era cierto. Al salir, Porras fue abordada por los periodistas, pero no respondió a las preguntas.
Han sido pocas las ocasiones en que Consuelo Porras responde a interrogantes de los medios y es únicamente cuando debe asistir a otros organismos de Estado o actividades públicas.
En la actualidad, el acceso para la prensa a la sede central del MP en el Barrio Gerona es restringido. En la puerta principal hay agentes de seguridad que consultan a los periodistas si tienen permiso de entrar al edificio. Si el departamento de prensa no lo autoriza, el reportero no puede pasar. Esta medida se implementó desde el 2023, cuando se instalaron rejas alrededor del inmueble.
Pero la unidad de comunicación del MP sí favorece a algunos medios de comunicación para ingresar a sus instalaciones. Eso quedó evidenciado el pasado 17 de octubre, cuando la FECI presentó el caso de investigación por la fuga de reos de la prisión de Fraijanes II. Ese día, La Hora evidenció cómo la unidad de comunicación del MP le prohibió a sus reporteros el ingreso, mientras en el octavo nivel había al menos dos medios de comunicación que pudieron hacer preguntas a los fiscales.
Esta no es la primera vez que el MP hace convocatorias específicas a medios de comunicación afines para evitar las interrogantes de la prensa.
Periodistas condenan hostilidad
Periodistas consultados por eP Investiga coinciden en que la relación que Porras tuvo con la prensa fue hostil. Ese calificativo no se limitó a la fiscal general, sino a su administración completa.
“Durante la administración de Porras se instaló un ambiente de intimidación hacia la prensa, especialmente hacia quienes investigamos corrupción y abusos de poder. Hubo un patrón sostenido de estigmatización pública, criminalización y uso selectivo del aparato penal para enviar mensajes de temor”, afirmó Diego España, del Diario La Hora.
Una fiscalía que desestima y archiva los casos que vulneran a periodistas
La Fiscalía de Delitos Contra Periodistas se inauguró el 6 de diciembre de 2019; antes de eso, las agresiones o intimidaciones hacia la prensa eran registradas en una unidad adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos, pero en ninguna de las dos situaciones ha sido efectiva para atender las denuncias de los comunicadores.
Por medio de una solicitud de acceso a la información pública, eP Investiga pudo constatar el estado actual de las denuncias interpuestas por periodistas durante la gestión de Porras.
Los datos revelan que de 2018 a la fecha, se han registrado 106 denuncias de delitos contra periodistas, de las cuales 58 fueron desestimadas (54 por ciento), 12 archivadas (11 por ciento) y solo ocho han tenido sentencia (siete por ciento).
Los delitos denunciados por los periodistas ante la fiscalía son agresiones, lesiones, asesinato, plagio o secuestro, disparos sin causa justificada y agresiones sexuales.
“El MP sí tiene una deuda con las personas que realizan el trabajo periodístico, porque muchas veces no está recibiendo las denuncias, está archivando los casos o los está desestimando”, afirmó Brenda Guillén de Udefegua.
