En total, enfrenta prohibiciones de entrada en al menos 44 países, ha sido sancionada formalmente por siete gobiernos y señalada por tres organismos internacionales, debido a su papel en el debilitamiento de la justicia, la persecución de fiscales independientes y la obstrucción de investigaciones anticorrupción en Guatemala.

Ha ocupado diversos cargos dentro del sistema judicial: fue agente fiscal, jefa de sección en el Ministerio Público (MP), magistrada de Corte de Apelaciones y suplente de la Corte de Constitucionalidad entre 2016 y 2018. Pero la cúspide de su carrera llegó cuando fue nombrada fiscal general por el expresidente Jimmy Morales el 17 de mayo de 2018. En 2022, fue reelecta por Alejandro Giammattei, convirtiéndose en la primera persona en repetir el cargo en la historia democrática reciente del país.

La primera sanción le llegó el 20 de septiembre de 2021, pocos meses después de destituir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El MP buscó apresarlo, obligándolo a exiliarse la madrugada tras su destitución.

Ese año, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel, una herramienta legal que señala a actores corruptos y antidemocráticos del triángulo norte de Centroamérica. La designación se produjo tras su intervención directa en el despido de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses reconocían como un aliado clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Esto significó la revocación inmediata de su visa y prohibirle el ingreso a territorio estadounidense.

En mayo de 2022, el Departamento de Estado incluyó nuevamente a Porras en la Lista Engel, esta vez por continuar minando el Estado de derecho, favorecer el uso del aparato de justicia con fines políticos y mantener una política de represalias contra operadores judiciales independientes. Esta segunda mención consolidó su aislamiento diplomático ante la comunidad internacional y fortaleció los señalamientos en su contra.

La presión internacional se intensificó durante la crisis electoral guatemalteca de 2023. En diciembre de ese año, la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó a Porras de encabezar un intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por el actual presidente Bernardo Arévalo, mediante acciones judiciales y penales que este organismo internacional calificó como parte de “un intento de golpe de Estado”. 

Ese mismo mes, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) la nombró como la “Persona del Año 2023 en Corrupción y Crimen Organizado”, por su papel central en el uso regresivo del sistema penal y la persecución sistemática contra fiscales, jueces y periodistas.

El 2 de febrero de 2024, la Unión Europea (UE) impuso sanciones formales contra Porras, incluyendo la prohibición de ingreso a los 27 Estados miembros del bloque y la congelación de cualquier activo financiero que pudiera tener bajo jurisdicción europea. A esta medida se sumaron al menos 17 países europeos no miembros de la UE, como Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Ucrania, Georgia y los países balcánicos, lo que elevó el número total de países con veto migratorio contra Porras a por lo menos 44.

De manera paralela, Canadá adoptó sanciones similares en febrero de 2024, alegando su papel en la erosión de la democracia y el uso del MP para criminalizar la protesta, perseguir a periodistas y desmantelar instituciones judiciales independientes.

Suiza también la sancionó ese mismo mes, sumándose formalmente a la sanción de la UE e imponiéndole restricciones financieras y prohibición de entrada.

El Reino Unido, por su parte, anunció el 2 de abril de 2025 la imposición de sanciones contra Porras, las cuales incluyeron la congelación de activos, la prohibición de entrada al país y una condena expresa a su papel en la crisis democrática guatemalteca. Con ello, se consolidó una acción conjunta de los principales aliados internacionales de Occidente contra su figura. 2024 cerró con la renovación de las sanciones por parte de la UE.

En el contexto regional, Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en adoptar una sanción oficial contra Porras. 

Esta se dio el 2 de junio de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro anunció públicamente que su gobierno prohibía el ingreso de Porras y de cualquier persona vinculada a su círculo inmediato. Esta acción fue respuesta a las órdenes judiciales emitidas por el MP contra exfuncionarios colombianos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “No permitiremos que quienes persiguen a la justicia se refugien en países democráticos”, dijo el mandatario.

Porras buscó, desde la FECI liderada por Rafael Curruchiche, criminalizar y afectar la reputación del embajador colombiano Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, girando órdenes de captura por el caso Odebrecht en el país.

¿Qué significan estas medidas para la fiscal general?

Las únicas figuras con un perfil sancionatorio comparable pertenecen a regímenes autoritarios.  Por ejemplo, el caso de Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, fue sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza por su papel en la represión de manifestantes y el control autoritario del poder. O bien, Diosdado Cabello, en Venezuela, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos, también vetado por diversos países.

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, el calificativo no es exagerado. Hasta ahora, ningún otro funcionario del sistema de justicia penal guatemalteco ha acumulado tal cantidad de medidas restrictivas por parte de gobiernos y organismos multilaterales. Sin embargo, Ibarra advierte que este peso simbólico y diplomático no se ha traducido en consecuencias internas. “A nivel nacional no tiene sanción alguna”, dijo.

Aunque las penalizaciones afectan directamente su reputación internacional, Ibarra matiza: “No les afecta más que por prestigio. Porque el estar en una de esas dos listas o en ambas les destroza la imagen y se vuelven infames”. Pero en el terreno nacional, ni las listas Engel ni Magnitsky tienen efectos jurídicos, lo que ha permitido a figuras como Porras mantenerse en sus cargos y aspirar a más poder. “Aquí aluden a que eso no tiene ningún efecto, que no es una ley que tenga que ser obedecida en el país. Además, ella ha amenazado con que aquel que le dé peso a las sanciones que ha recibido, va a recusarlos por cometer delitos contra ella”.

Ibarra considera que uno de los factores que ha permitido su continuidad es el respaldo de sectores poderosos que operan al margen de la condena internacional. “Tiene apoyo de ciertas élites poderosas… Entonces, aunque estén cuestionados internacionalmente, aquí no les afecta en sus negocios”, afirma.

Expresa que una parte importante de la población no conecta a Porras con el deterioro de su vida cotidiana. “Nadie ve, o muy poca gente ve, que Consuelo afecta directamente a la persona. No piensan que la situación de vulnerabilidad y manipulación en la que se encuentra el MP redunda en que los casos que sí afectan a la población en general no caminan”. Aunque existe rechazo hacia su figura en algunos sectores, especialmente en el área metropolitana, Ibarra aclara que “no se puede generalizar que toda la población la repudie”. 

Para el analista independiente Wilson Sandoval, lo ocurrido con el MP guatemalteco encaja en un patrón regional en el que las fiscalías han dejado de ser entes independientes para convertirse en herramientas de poder. “Es particularmente visible que estas instituciones han resultado cooptadas por los poderes o élites de turno, limitando su independencia y llevándolas a responder a intereses particulares”, afirma. 

Aunque en Guatemala, a diferencia de El Salvador, las sanciones internacionales contra los titulares del MP han sido numerosas, “en gran medida tienen resultados tangibles que lleven a cambios significativos en el comportamiento de las autoridades”. 

Para Sandoval, esto pone en duda la efectividad de las estrategias de presión de la comunidad internacional, aunque subraya que “esas sanciones son legítimas, dada la diversidad de países que las han impuesto”. Enfatiza que el acercamiento reciente entre las fiscalías de El Salvador y Guatemala, debería analizarse con cautela. “Parece que hay bastante comodidad en estrechar lazos, a pesar de lo que el MP representa”, concluyó.