En una reunión de Consejo de Ministros, Petro ordenó a Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, emitir un acto administrativo para prohibir la entrada de Porras. 

“Usted tiene que expedir el acto administrativo, que creo tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal general de Guatemala a Colombia y a sus amigos mafiosos, todos. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar gente honesta de Colombia y por burlarse de la dignidad de Colombia”, dijo Petro. 

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), acusó a los exfuncionarios de la CICIG por supuestamente haber actuado sin competencia legal y de favorecer a la empresa extranjera en perjuicio del Estado de Guatemala, dentro del marco del caso Odebrecht. 

Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano, y Camargo, actual fiscal general de Colombia, son señalados por los delitos de asociación ilícita, colusión, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.

Los gobiernos de Guatemala y Colombia, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han criticado las acusaciones del MP, señalando que carecen de sustento jurídico y que se atenta contra la inmunidad que los exfuncionarios de CICIG, como parte del acuerdo de su creación. 

Ayer, medios colombianos reportaron que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no emitirá ninguna alerta para que Velásquez y Camargo sean detenidos. 

Se informó que la Interpol ha considerado que la solicitud no cumple con los criterios establecidos para emitir una notificación roja, en especial por el contexto político de la acusación y la inmunidad internacional que ampara a los funcionarios colombianos.