La discusión se planteó después de que el diputado Samuel Pérez propusiera modificar el orden del día para que la iniciativa 5692 se conociera en una sesión secreta.
Luego de casi dos horas de discusión entre los jefes de bloque para integrar enmiendas en la propuesta de ley, los parlamentarios votaron a favor de declarar a las pandillas como grupos terroristas. La normativa fue presentada en 2020 por el expresidente Alejandro Giammattei, pero los diputados agregaron una serie de nuevos artículos.
El primer artículo dice que la normativa tiene como objetivo crear las reglas legales que se aplicarán para identificar, nombrar y tratar a los grupos delictivos u organizaciones criminales internacionales, conocidos como maras o pandillas.
La norma regula las consecuencias jurídicas, procesales, operativas y financieras que se derivan de dicha designación con el propósito de fortalecer el combate integral contra las actividades de delincuencia organizada.
El artículo 2 indica que se entenderá como maras o pandillas a “los grupos organizados que cuentan con una jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia”.
También se establece que esta organización está formada por grupos de tres o más personas que trabajan en una zona específica y cuya actividad principal es cometer delitos utilizando el miedo contra la gente como forma de control.
En esta normativa se declara específicamente al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha como terroristas y grupos organizados transnacionales.
La normativa establece que el Ministerio Público (MP) deberá realizar requerimientos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para designar como maras o pandillas a los grupos que pudiesen surgir. Esa designación deberá contener informes de seguridad, inteligencia y análisis criminal de las entidades competentes.
Durante más de cinco horas se realizaron varias mociones. El artículo 11 bis establece que sea sancionado el reclutamiento ilícito de menores de edad. Quien capte, reclute, agrupe, organice, entrene, amenace, coaccione o intimide de cualquier forma a menores de 18 años para participar directa o indirectamente en la comisión de uno o más delitos, será sancionado con penas de catorce a dieciocho años y multa de Q100 mil a Q300 mil.
Otra de las enmiendas aprobadas reforma el artículo 22 del Código Penal y establece que el Ministerio de Gobernación deberá adquirir equipo para ser utilizado en métodos especiales de investigación. Estas compras serán en armamento, vehículos y equipo de comunicación, hasta por un monto de Q200 millones. Estas deberán hacerse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.
El artículo 261 bis establece que quien por cualquier medio reciba transferencias, depósitos o utilice cualquier forma para recaudar dinero proveniente de actividades ilícitas o de la comisión de un delito, será sancionado con prisión inconmutable de 14 a 18 años.
También se reforma el delito de usura, que indica que será quien exige a su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije el mercado. El responsable de usura será sancionado con prisión de cuatro a diez años y multas de Q200 mil a Q500 mil.
En las discusiones de estas mociones, varios diputados plantearon su punto de vista. El diputado José Chic aseguró que se están atendiendo los efectos y no las causas del problema.
La diputada Evelyn Morataya dijo estar complacida porque finalmente se pusieron de acuerdo para aprobar esta ley porque las maras tienen hincada a la población con las extorsiones.
“Hemos dado una muestra de que cuando hay voluntad política se puede llegar a consensos. Lo que hoy estamos aprobando va a venir a fortalecer las acciones del gobierno con herramientas que serán útiles para combatir a estos grupos criminales”, dijo el diputado oficialista José Carlos Sanabria.
Los diputados decidieron que se aprobará en redacción final hasta el 21 de octubre.
