En la invitación girada por el MP informaron que el objetivo era presentarles acciones y proyectos que se han implementado para brindar “justicia pronta y cumplida”. La cita fue a las 9:30 horas, sin acceso a la prensa.
Después de varias intervenciones de fiscales adjuntos, la jefa del MP instó a los diputados a fortalecer la propuesta de ley 5692, que fue presentada por el expresidente Alejandro Giammattei al inicio de su gestión en 2020. Esta normativa tiene como objetivo principal declarar a los pandilleros como terroristas.
“Instamos al Congreso a tomar en cuenta los aportes que hoy se presentaron a efecto de fortalecer integralmente la iniciativa de ley 5692, y tomar en consideración las reformas planteadas para la construcción integral de un sistema de justicia penal que responda de manera efectiva al fenómeno que representan los grupos delictivos”, aseguró la fiscal a los congresistas que acudieron a su llamado.
Los diputados Elmer Palencia, de Valor; Allan Rodríguez, de Vamos; Nadia de León, de Nosotros; e Inés Castillo, de la UNE, mostraron su apoyo a la propuesta emitida por Porras. El presidente del Congreso, Nery Ramos, no asistió.
Esta reunión se enmarca en la reciente designación del gobierno de Estados Unidos de los integrantes del Barrio 18 como grupos terroristas. A criterio de analistas, la estrategia de la fiscal consiste en mejorar su imagen ante la comunidad internacional porque está catalogada como antidemocrática.
“Me parece una táctica politiquera. Ellos están conscientes de que las autoridades superiores del Ministerio Público están siendo observadas y catalogadas como agentes corruptos que benefician al crimen organizado, a la corrupción y al narcotráfico en el país”, dijo el exministro de Gobernación, Francisco Rivas.
Agregó que esta medida la ven como una oportunidad para demostrarse ante el gobierno de Estados Unidos que son una institución y personas que persiguen a los terroristas del Barrio 18.
Esta premisa coincide con la postura del analista y exsecretario del MP, Javier Monterroso, quien sentenció que Porras quiere congraciarse con la administración de Donald Trump.
Agregó que la propuesta de Giammattei fue populista, porque la presentó en los primeros meses de gobierno, pero el Congreso no hizo nada para su aprobación durante los dos años del diputado de Vamos, Allan Rodríguez, al frente del parlamento.
Durante la reunión, Porras afirmó que el MP puede apoyar la “construcción de una política integral para el régimen penitenciario guatemalteco” y que la institución “acuerpará las decisiones que tomen los diputados”.
¿Cuál es el camino correcto?
A criterio del analista Monterroso, en las leyes de Guatemala, designar a los pandilleros como grupos terroristas no causa diferencia en términos de persecución penal, porque el delito ya está tipificado. Añadió que los pandilleros no tienen un motivo político como los terroristas, sino lucrativos.
“Lo que buscan los mareros es un beneficio económico como una delincuencia común. Ahora, la declaración de terrorismo en Estados Unidos sí tiene efectos más allá del tema penal. Ahí sí se interviene en perseguir a quienes tienen vínculos comerciales o políticos con los pandilleros, y según las investigaciones, tanto de Estados Unidos como de Guatemala, hay partidos políticos y hay gente del sistema bancario que trabaja con los mareros”, afirmó el experto.
A decir de Rivas, se deben hacer análisis desde el enfoque legal y político de las leyes en Guatemala para declarar a las pandillas como terroristas.
“En lo personal, yo me inclino a que sean declarados como terroristas. Que se persigan con toda la fuerza del Estado a estos grupos pandilleros que le han causado muchas muertes y dolor al país y que están extorsionando a comerciantes, personas individuales y a grandes empresas”, afirmó el exministro.
Durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo indicó que la acción de Estados Unidos da pie a que ambos países puedan coordinar acciones contra las pandillas. La semana pasada, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que el Ejecutivo trabaja en una nueva propuesta de ley que sería entregada al congreso en las próximas semanas.
Consuelo Porras sancionada por Estados Unidos
En mayo de 2022, Porras fue incluida en la lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos. Con esta designación, la fiscal general perdió su visa del país norteamericano. Otras naciones también la amonestaron con restricciones de ingreso.
“Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”, detalla la nota de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
