La propuesta había sido incluida ya en el punto cinco, inciso e) de la agenda para la sesión del martes 30 de septiembre. Sin embargo, el diputado del bloque Valor, Elmer Palencia, pidió que el tema fuese trasladado al inciso a. Esto fue aprobado por la mayoría de los Jefes de Bloque.

Palencia dijo que ha insistido desde hace tiempo en este tema y que ahora está de “moda”, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al Barrio 18 como una organización terrorista y que incluso dar algún tipo de apoyo a estos grupos puede traer consecuencias.

“En resumen, financiar o apoyar a una organización declarada como terrorista por Estados Unidos equivale a cometer un delito federal gravísimo con riesgo de cárcel de décadas, congelamiento de bienes y hasta extradición”, indicó Palencia. 

El diputado José Inés Castillo, de la UNE, dijo que el país “está de rodillas” y que la población pide que las pandillas sean declaradas como terroristas. Además, recordó que estas organizaciones criminales utilizan a menores de edad para cometer crímenes y que se deberían plantear reformas que vayan en ese sentido. Pidió que este tema no se tome como una bandera política. 

Mientras que el diputado José Chic de VOS dijo que la propuesta que presentó Giammattei en 2020 se debe conocer, pero no deben caer en un tema de “populismo punitivo”. Incluso sugirió que esta iniciativa de ley pueda ser aprobada de urgencia nacional. 

Los diputados Nadia de León, de Nosotros, y Byron Rodríguez, de Todos, también se pronunciaron a favor de que se conozca la iniciativa. Mientras tanto, el diputado Álvaro Arzú, de Unionista, pidió además que a la propuesta se le hagan modificaciones y que la próxima semana pueda ser aprobada. 

La propuesta 

Esta iniciativa de ley busca reformar el Código Penal, añadiendo el artículo 391 Bis, que hace mención al terrorismo con fines de desorden público social. Se da esta calificación a aquellas personas que se organicen, constituyan o pertenezcan a grupos criminales, que están caracterizados por su territorialidad, criminalidad y simbología. 

Además, establece que quien lleve a cabo acciones intimidatorias contra personas individuales, jurídicas, comercios o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables. En el caso de jefes, cabecillas o líderes, las penas aumentarán en una tercera parte. 

La iniciativa se presentó al Congreso el 22 de enero de 2020 y días después se conoció en el pleno. Un mes después, recibió dictamen favorable de las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional, de Gobernación y de la Defensa Nacional.

Esta propuesta de ley se conoció en el Congreso en un primer debate más de cuatro años después, cuando fue discutida en el pleno el 14 de marzo de 2024.