El Consejo Permanente de la OEA expresó su disposición para fortalecer el sistema democrático a través de una declaración emitida este 5 de noviembre. En el documento se exhorta a los poderes del Estado, a las instituciones autónomas y los órganos de control a “actuar con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, al Estado de derecho y a los principios democráticos”.

Según el organismo internacional, se debe garantizar la independencia de poderes en el país, el cumplimiento de los procesos y los estándares interamericanos de derechos humanos. 

El Consejo afirmó que la Secretaría General de la OEA enviará una misión especial para observar los procesos de elección que se constituirán en el 2026, los cuales renovarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fiscal General, Corte de Constitucionalidad (CC) y Contraloría General de Cuentas. 

En la resolución se solicitó al secretario general de la OEA que “mantenga informado al Consejo Permanente sobre la evolución de la situación política e institucional en Guatemala y sobre las acciones de apoyo emprendidas”. 

La representante de Guatemala, Claudia Escobar Mejía, expresó que esta declaración cuenta con el apoyo de las misiones de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 

“Esta iniciativa refleja el espíritu de compromiso democrático que los países manifestaron en esa ocasión cuando se abordaron los retos que enfrenta el gobierno de Guatemala en la defensa de la institucionalidad democrática”, afirmó Escobar Mejía. 

Según la delegada, el texto refleja que los países miembros respaldan la institucionalidad de Guatemala para que actúen apegados al estado de derecho y en protección de los resultados electorales de 2023, porque aún persisten acciones judiciales que amenazan la democracia del país. 

La resolución se emitió en seguimiento a una petición que hizo el presidente Bernardo Arévalo hacia la OEA, luego de que advirtiera que desde el Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana se fraguaba un supuesto intento de golpe de Estado. 

El mandatario declaró que el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Orellana eran enemigos de Guatemala y días después presentó acciones legales contra ambos funcionarios. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de Arévalo sobre la destitución del juzgador.