En un discurso, el gobernante acusó a la fiscal General Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana de encabezar una “alianza criminal” que busca destruir la democracia guatemalteca mediante resoluciones ilegales y persecución judicial. Arévalo anunció que llevará el caso ante la OEA, exigió la destitución de Orellana y pidió a la ciudadanía unirse “para impedir un golpe de Estado en marcha”.