Una demanda de la sociedad guatemalteca Pamasa S.A. al Banco Santander International (BSI) llegó hasta el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami, convertido en un reflejo de cómo disputas empresariales y familiares alimentadas por denuncias de corrupción judicial y vacíos institucionales en Guatemala terminan trasladándose a jurisdicciones extranjeras.

El expediente federal identificado con el número de caso 1:25-cv-23861-RKA expone una batalla por el control de millones de dólares, marcada por órdenes judiciales contradictorias, acusaciones de fraude y una estructura empresarial que se convirtió en el epicentro de un pleito internacional.

En el centro de la disputa está el fallecido empresario guatemalteco Francisco Rigoberto Mansilla Córdova, padre de los hermanos Bárbara, Valerie y Francisco Omar Mansilla Ortiz. Según los documentos judiciales, Mansilla Córdova fue un empresario de larga trayectoria que construyó su patrimonio mediante inversiones industriales y financieras, entre ellas una participación accionaria en Industrias Licoreras de Guatemala (ILG), reconocida por producir el ron Zacapa Centenario.

El empresario reorganizó su patrimonio en los últimos años de su vida. En 2020 transfirió activos clave a entidades como Pamasa S.A. y Agrícola El Amate, estructuras corporativas que posteriormente se convirtieron en el núcleo del conflicto. De acuerdo con los expedientes judiciales, los fondos depositados en la cuenta de BSI (aproximadamente US$7.6 millones) “le pertenecían exclusivamente” a Mansilla Córdova, quien buscaba ordenar su sucesión patrimonial antes de su fallecimiento a los 94 años. Sin embargo, ese proceso derivó en una disputa interna entre sus hijos por el control de las empresas y los recursos financieros.

Para Bárbara y Valerie, sin embargo, el eje del conflicto no radica en la propiedad de Pamasa, sino en quién ejerce su control efectivo. Las hermanas sostienen que la discusión sobre la titularidad accionaria ya fue resuelta tras un litigio prolongado en Guatemala, por lo que consideran que reabrir ese debate constituye una maniobra distractora.

En su postura ante la corte estadounidense, insisten en que el caso gira exclusivamente en torno a quién está legalmente facultado para administrar la sociedad y, por ende, operar la cuenta bancaria en Florida.

Argumentan además que el Registro Mercantil de Guatemala reconoce a Bárbara y Valerie como las personas que ejercen el control y la representación de Pamasa, extremo que, a su juicio, debería ser determinante para efectos bancarios. Bajo esa lógica, califican como irrelevantes las afirmaciones de Francisco Omar sobre la supuesta propiedad exclusiva de los fondos o de las acciones, al considerar que esas alegaciones no inciden en el núcleo de la controversia planteada ante el tribunal federal: la administración y disposición de la cuenta de Pamasa en el extranjero.

El banco estadounidense respondió a la demanda inicial con una “Contestación y Contrademanda de Interpleader”, señalando que actuaba como un “depositario desinteresado” que buscaba protegerse ante el “riesgo de responsabilidad doble o múltiple”, derivado de reclamaciones enfrentadas dentro de la familia.

La institución afirmó que las partes incluso acordaron que los fondos permanecieran bloqueados hasta que el tribunal definiera quién tenía derecho a administrarlos. Según el expediente, “ha surgido una disputa entre los hijos sobre el control de Pamasa y la Cuenta”, lo que llevó al banco a congelar los recursos desde el 14 de octubre de 2021.

El amparo exprés en Escuintla

El conflicto se originó tras una amparo provisional emitido por el juez de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, José Wilfredo Umaña Calderón. En una carta enviada al banco, Bárbara Mansilla informó que el juzgado había suspendido los nombramientos del padre y de su hermano Francisco Omar, “resultando como únicas personas habilitadas para representar a dicha entidad” ella y su hermana Valerie.

Ese mismo día, sin embargo, el patriarca solicitó cancelar un certificado de depósito y emitir un cheque a su nombre, generando instrucciones opuestas que obligaron al banco a bloquear la cuenta. En su notificación oficial, la institución señaló que había detectado “un posible conflicto o disputa con respecto a la Cuenta” y que “no se permitirán transferencias ni retiros… hasta que la disputa se haya resuelto”.

Las acusaciones entre los hermanos escalaron hasta convertirse en señalamientos de fraude y manipulación judicial. Francisco Omar Mansilla Ortiz sostuvo en sus reclamaciones cruzadas que el litigio representa “el último capítulo de un esquema fraudulento y de maniobras ilícitas” y afirmó que sus hermanas “idearon un esquema para expulsar a su padre y a Francisco de la dirección de Pamasa”.

El expediente también describe cómo, tras obtener control provisional de las entidades, las hermanas habrían transferido activos clave, incluida la empresa Valores Guatemaltecos, S.A., valorada en más de US$200 millones a fundaciones panameñas bajo su control exclusivo.

Posteriormente, Mansilla Córdova modificó su testamento y desheredó a sus hijas por sus “actos de ingratitud”, nombrando heredero universal y albacea a su hijo Francisco Omar. Tras la muerte del empresario en 2022, la disputa sucesoria se profundizó y terminó extendiéndose a múltiples jurisdicciones.

Cortes cuestionables

La disputa no solo refleja un conflicto familiar, sino también señalamientos directos sobre la debilidad del sistema judicial guatemalteco. En sus reclamaciones cruzadas, Francisco Omar Mansilla Ortiz describió el caso como “el último capítulo de un esquema fraudulento y de maniobras ilícitas” y afirmó que sus hermanas “idearon un esquema para expulsarlo a él y a su padre de la dirección de Pamasa”.

Según su versión, la orden judicial provisional fue obtenida en circunstancias cuestionables pues el juez Umaña Calderón habría concedido el amparo “en solo tres horas”, lo que permitió suspender a las nuevas autoridades empresariales y desencadenar una serie de transferencias de activos.

En agosto de 2019, José Wilfrido Umaña Calderón, también fue señalado públicamente por haber otorgado un amparo que facilitó la obtención de un finiquito a un candidato a alcalde que buscaba su reelección. Según publicó elPeriódico, Umaña concedió protección constitucional al entonces alcalde de El Asintal, Retalhuleu, Rony Leonel Sánchez Sánchez, quien había sido detenido en 2011 por el delito de estafa, tras ser acusado del cobro ilegal de cheques por Q250 mil.

En el caso de Pamasa y el BSI, los documentos judiciales también señalan que esta situación ocurrió en un entorno marcado por denuncias internacionales sobre manipulación judicial en Guatemala. La defensa de Francisco alegó que el esquema se desarrolló en un “sistema judicial carente de debido proceso”, citando informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Departamento de Estado de EE. UU. que mencionan a actores judiciales vinculados con corrupción. En ese contexto, el caso migró hacia tribunales estadounidenses, donde las partes buscan una resolución que consideran más imparcial y ejecutable. Ahora, una corte federal en Estados Unidos debe decidir sobre el destino de una herencia guatemalteca y evaluar el peso de resoluciones emitidas por un sistema judicial cuestionado, reflejando cómo la impunidad y la falta de confianza institucional pueden trasladar conflictos nacionales hacia tribunales extranjeros.