El informe entregado a la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt, quien dio la orden de trasladar al líder de la mara 18 a la cárcel de Fraijanes II, fue firmado por el subdelegado de la región sur de la OPT, Morales Aguilar. 

El funcionario fue candidato a alcalde para el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, por la UNE durante el proceso electoral de 2023. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), también fue financista de esa organización política entre los años 2021 al 2023, en los que aportó Q10 mil 100. 

La madre de Morales Aguilar es Fluvia Maribel Aguilar Reyes, quien está asignada al Juzgado de Paz de San Rafael las Flores, en Santa Rosa. Según la nómina de agosto del Organismo Judicial, la juzgadora devenga mensualmente Q33 mil 400, sumado a un bono de Q3 mil 200 y bonificación profesional por Q375. 

Morales Aguilar ya había participado como aspirante a alcalde en las elecciones de 2019, pero con el partido Unionista. 

En su página de Facebook constan fotografías del cierre de campaña de 2023, en el que también estuvo presente el diputado Inés Castillo, actual jefe del bloque de la UNE en el Congreso y cercano a la secretaria general de esa agrupación política, Sandra Torres. En la citación de este miércoles 24 de septiembre el diputado dijo que presentó una querella penal en contra del Procurador de Derechos Humanos por incumplimiento de deberes.

El líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias El Lobo, tiene un vínculo directo con la excandidata a la presidencia, pues es el esposo de Maria Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres. 

En una entrevista a eP Investiga, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que Castañeda Torres era a todas luces la operadora externa del Mejía Ochoa.

“La Digici ha hecho un trabajo en estos años y meses que hemos estado en el gobierno. Tenemos suficiente información que nos hace pensar que efectivamente esta señora era la articuladora de muchos temas de la pandilla en el exterior”, expuso Jiménez en esa ocasión. 

Así mismo, resaltó que se tiene información sobre vinculaciones de pandillas con políticos. 

Durante una citación en el Congreso con la comisión de Derechos Humanos, se expuso que el informe que la OPT entregó a la jueza Batún Betancourt, dio indicios para que se tomara la decisión de ordenar el traslado de «El Lobo» a la cárcel de Fraijanes II. 

El relator titular de la región sur, Alfredo Sánchez, justificó que la OPT no tiene la facultad para ordenar el traslado de un reo y que la responsabilidad recae en la orden judicial. 

¿Qué dice el informe de la OPT?

La visita a la cárcel de máxima seguridad Renovación I se efectuó el pasado 1 de septiembre. El informe entregado a la jueza detalla que la inspección fue realizada específicamente para evaluar las condiciones del privado de libertad, Ochoa Mejía. 

Entre los hallazgos se destaca que “El Lobo” está recluido en una celda de tres metros de ancho por dos de fondo. El ambiente de los interiores es “notablemente caliente y húmedo, condiciones que son agravadas por el clima del municipio de Escuintla”, indica el documento. En el informe hacen ver que esa situación incumple los estándares penitenciarios y vulnera la dignidad inherente de la persona. 

“En la celda se encontró un inodoro que no funciona debido a la falta de agua en el depósito y una regadera que solo promueve un chorro; falta de acceso a artículos de aseo personal como jabón, papel de baño y rasuradoras agrava las condiciones insalubres. Esto constituye una violación a las reglas Nelson Mandela”, especifica el oficio firmado por Morales Aguilar. 

La OPT también añade un inciso sobre la nutrición del recluso, en el que se indica que se constató que la porción de alimento es escasa y que “El Lobo” presentó una pérdida significativa de peso. Otro inciso critica que Ochoa Mejía no tiene acceso a patios ni áreas de recreación. 

“Se constató que las medidas de seguridad aplicadas al privado de libertad son inadecuadas y lo exponen al riesgo constante (…); el privado de libertad fue trasladado de su centro anterior, Fraijanes II, sin el debido protocolo de seguridad sin chaleco, ni casco. Esta omisión que él (El Lobo) interpretó como un intento de exponerlo, demuestra una flagrante irresponsabilidad por parte de las autoridades en la regla uno Nelson Mandela”, justificó la OPT durante la visita a la cárcel de Renovación I. 

En las conclusiones del oficio, la OPT sugiere que las fallas del Sistema Penitenciario comprometen los derechos fundamentales del máximo líder del Barrio 18. 

“Hay fallas estructurales dentro del Sistema Penitenciario guatemalteco que comprometen su dignidad, seguridad y derechos fundamentales. El estado actual de las condiciones de reclusión del privado de libertad no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos a nivel nacional e internacional”, sentencia el oficio entregado a la jueza. 

Según los diputados que realizaron la citación, el documento que contiene el informe sobre “El Lobo” fue entregado a la comisión de Derechos Humanos del Congreso, por Lesther Castellanos, relator titular de la región metropolitana. 

En el informe, Castellanos señala que bajo el artículo 13 del Decreto 40-2010, lo faculta para emitir y difundir informes sobre las condiciones de los privados de libertad. En la carátula del documento resalta que la responsabilidad de las recomendaciones plasmadas son responsabilidad únicamente de Sánchez y de Morales Aguilar.

UNE se desvincula de Bryan Morales

En un comunicado de prensa, el partido UNE aclaró que el subdelegado de la región sur de la OPT, Morales Aguilar, no está afiliado a la agrupación política y que no pertenece ni ocupa un cargo dentro de la misma.

En el mismo texto señalan que la responsabilidad del informe relacionado a “El Lobo” responde al mandato legal que tiene la OPT y no a partidos políticos.

“Fue candidato en 2023 y desde entonces no tiene vínculo con nuestra organización”, asegura el comunicado.