Gonzalez, abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pasó al menos 82 días en prisión preventiva y actualmente continúa bajo arresto domiciliario. Las organizaciones han señalado que su detención tiene relación con sus actividades profesionales.

Con el amicus curiae, se busca instar al Grupo de Trabajo a considerar su caso en el contexto más amplio sobre los riesgos sistémicos que enfrentan los abogados en Guatemala. 

Aseveran que la prisión provisional que se decretó contra González no tenía justificación suficiente, pertinente o razonada, lo que supone una violación de normas nacionales e internacionales. 

Por otro lado, mencionaron que el delito de abuso de autoridad, por el cual González está siendo procesada, es “legalmente inaplicable”, debido a que nunca fue funcionaria pública y que sus acciones se realizaron como asesora legal. 

En ese sentido, aseguran que su detención se dio en un contexto en el que González estaba ejerciendo sus actividades profesionales. Además, señalan que existieron irregularidades en el debido proceso, como lo han sido los constantes retrasos o suspensiones de las audiencias. 

González enfrenta un caso penal que se originó por una denuncia presentada por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. 

En la acción, se acusa a González por abuso de autoridad por supuestamente haber investigado a Stalling cuando aún tenía antejuicio. 

El caso se deriva del proceso penal que enfrentó la exmagistrada por el delito de tráfico de influencias al presuntamente intentar que el juez Carlos Ruano favoreciera a su hijo, Otto Molina Stalling, quien estaba sindicado en el caso de corrupción IGSS-Pisa.