El Icefi señaló que, aunque la proyección global de ingresos tributarios corrige la subestimación registrada en los últimos años, persisten distorsiones en la distribución por tipo de impuesto. 

Según el tanque de pensamiento, rubros como “otros impuestos directos” y “otros impuestos indirectos” presentan cifras sobreestimadas, mientras que las proyecciones para impuestos sobre la renta y al valor agregado se mantienen por debajo de lo esperado, afectando el cálculo de aportes constitucionales y asignaciones específicas.

Respecto al financiamiento, el análisis cuestionó la propuesta del Ejecutivo de emitir deuda bonificada por Q27 mil 598.9 millones. De ese monto, el 34.5 por ciento se destinaría al pago de deuda pública, el 11.5 por ciento a inversión y el 54.1 por ciento a gastos de funcionamiento, en aparente contradicción con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto. El Icefi recomendó a la CFPM exigir explicaciones más detalladas sobre esta solicitud.

En cuanto a las asignaciones de gasto, la institución pidió a los diputados comparar las cifras con el presupuesto vigente de 2025, y no únicamente con las asignaciones iniciales. 

Como ejemplo, citó el caso del Ministerio de Comunicaciones, cuya asignación de Q7 mil 140.2 millones para 2026 tiene un recorte de casi Q2 mil 800 millones frente al monto inicial de 2025, pero en realidad representa una reducción de Q508.6 millones si se toma como referencia la cifra vigente a agosto de este año.

El Icefi también reiteró sus cuestionamientos sobre la capacidad de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para ejecutar los recursos que se les asignan. Advirtió que los problemas de ejecución no se resuelven con cambios al carácter anual del presupuesto, como los que se incluyeron en el decreto 7-2025 o los que el Ejecutivo propone en el artículo 55 de la iniciativa 6625. 

A juicio del Icefi, la solución pasa por fortalecer la planificación municipal y coordinar con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Además, recomendó a la CFPM suprimir normas complementarias que, en su forma actual, podrían considerarse inconstitucionales al autorizar ampliaciones presupuestarias sin detallar montos, fuentes de financiamiento ni unidades ejecutoras. 

También sugirió revisar artículos relacionados con la contratación de asesores internacionales para mejorar la calificación de riesgo país, el pago de comisiones a organismos internacionales y la propuesta de destinar Q52 millones para la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, sugiriendo priorizar necesidades como la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil.