El Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP) se amparan en la reserva del caso para no informar sobre las acciones realizadas tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, cuando se cumple un mes del ataque.
El crimen ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital, mientras Solórzano Foppa jugaba fútbol. Aguilar Gamarro, de 45 años, murió como víctima colateral. Solórzano Foppa fue director de Análisis Criminal del MP (2013-2016) y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), y denunciaba constantemente a estructuras criminales.
Tras el ataque, la PNC informó de la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, repartidores de comida, como presuntos responsables, y dijo haberles incautado un arma. Un juzgado les dictó falta de mérito y quedaron en libertad. Desde entonces se investiga si los agentes colocaron el arma para incriminarlos.
El 23 de octubre, siete integrantes de la PNC (un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes) fueron puestos a disposición de los tribunales por presuntas irregularidades en el procedimiento. Cuatro días después, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció la destitución del director de la PNC, David Custodio Boteo. Según Villeda, respondía a una reestructuración y no a una coyuntura específica.
A finales de octubre, el MP y el Mingob declararon que, por la reserva del caso, no podían dar detalles de los avances o acciones que se tomaran respecto al crimen.
Se consultó a los departamentos de Comunicación de ambas entidades y el Mingob señaló que deben seguir los procedimientos establecidos en ley y es el MP quien dirige todo el proceso. “Al estar bajo reserva, en el caso nuestro no se pueden informar los procesos que se realizan”, señalaron.
Un crimen político en la impunidad
El hecho catalogado como un crimen político sigue impune, así lo señalaron organizaciones sociales que exigieron identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Para esto también requieren de un sistema judicial independiente.
La socióloga Anette Domínguez dice que este tipo de hechos aumenta la desconfianza en las instituciones. También refuerza el discurso de algunos precandidatos, que pintan un panorama de incertidumbre para justificar la necesidad de un político con tintes de dictador que enfrente a los delincuentes.
“Lamentablemente, la falta de información provoca que la población confirme sus percepciones de que la autoridad no está haciendo nada. Es importante resguardar la seguridad del caso, pero también deben tener mejores estrategias para que se entienda que hay avances o al menos, que les interesa responder a hechos tan graves”, dijo.
El criminólogo Álvaro Poz coincide en la desconfianza y considera que el tiempo perdido con la captura de los hermanos Choc Toz solo evidenció la falta de efectividad de la PNC.
Un fiscal general que no habla
Poz critica que el fiscal general, Gabriel García Luna, no haya hecho “al menos” una aparición pública para decirle a la población que se está trabajando en resolver el caso. Eso, señala, mantiene en nula recuperación la credibilidad del MP ante la ciudadanía. Considera que es muy pronto para calificar su desempeño, pero que, por los antecedentes de la institución, debía responder con mayor eficacia.
“El silencio puede traducirse en inacción y ahí es donde deben mejorar su estrategia. Además, la población exige resolver este caso, que fue de alto impacto”, concluyó.

El contexto institucional es adverso. En 2025, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales hizo un estudio sobre la eficiencia o impunidad en los casos que atendía el MP con Consuelo Porras, analizó la eficiencia del MP y concluyó que su capacidad de dar respuestas de calidad era “extremadamente baja”. En 2018-2019 el MP logró respuestas de calidad en el 14.03 por ciento de los casos penales ingresados. En 2024-2025, la cifra bajó a 6.44 por ciento.
El informe advierte que la baja eficacia del MP tiene efectos críticos sobre la calidad de la democracia. En un Estado de Derecho, la ciudadanía delega en las instituciones del sistema penal el monopolio de la violencia legítima, a cambio de garantías de legalidad, transparencia, reparación y justicia.
“Si el MP no brinda respuestas, ni siquiera mínimas, a los casos que él mismo acepta como penales, se rompe ese pacto institucional. Las víctimas quedan sin amparo, los responsables sin consecuencias y la ciudadanía sin mecanismos efectivos para exigir rendición de cuentas”, señala el informe.
eP Investiga solicitó una entrevista con García Luna desde que asumió el cargo en mayo. Seis meses después, no ha recibido respuesta. Sus apariciones públicas y entrevistas son escasas, y sobre el crimen contra Solórzano Foppa no ha dado ninguna declaración.
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