Congreso ratifica el estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal

Los diputados aprobaron una enmienda para que las fuerzas de seguridad recuperen el control de las cárceles del país. 

Denis Aguilar

noviembre 17, 2026 - Actualizado noviembre 17, 2026

El Congreso de la República aprobó el Decreto 29-2026, con el que se ratificó el estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo en los departamentos de Zacapa e Izabal. 

El Decreto Gubernativo, 8-2026 establece una vigencia de 30 días. La medida busca reforzar las acciones de seguridad ante el incremento de hechos violentos y las actividades atribuidas a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en estos dos departamentos.

Con un total de 147 votos a favor y cuatro en contra, el Organismo Legislativo respaldó la decisión del mandatario. 

Previo a la ratificación del Decreto Gubernativo el Congreso aprobó, con 148 votos a favor, una moción para que el Estado de sitio fuese ratificado en un solo acto. Posteriormente, se aprobaron otras enmiendas. 

Entre esas enmiendas, se aprobó la presentada por el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con lo que se modificó parcialmente el artículo 1, ampliando la medida a las cárceles del país.

Sin embargo, tras la aprobación de la enmienda del diputado Castillo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, llamó a los jefes de bloque para discutir modificaciones. En ese sentido, ahora se faculta a las fuerzas de seguridad para retomar el control de las cárceles del país. 

Otra de las enmiendas aprobadas fue la adición de un artículo nuevo, que establece limitaciones respecto a la restricción de derechos constitucionales. 

Diputados se pronuncian

Algunos diputados se mostraron a favor de la implementación del estado de sitio. Por ejemplo, el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), hizo un llamado al Ejecutivo para implementar otras acciones más contundentes contra este tipo de hechos de violencia. 

La diputada disidente de Raíces, Andrea Reyes, indicó que el estado de sitio es necesario para recuperar el orden y el control territorial, agregando que habían sugerido implementarlo desde hace varias semanas. También mencionó que solicitaron que esta medida se implementara en la ciudad capital tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa.

El diputado de Vamos, Carlos Calderón, indicó que su voto sería a favor y sugirió que el estado de sitio fuese declarado en todo el país. Durante su intervención, Calderón sacó un sartén para ejemplificar que los guatemaltecos se deben defender a “sartenazos” ante la situación de violencia. 

Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, pidió que se haga una investigación profunda para que los crímenes cometidos en Zacapa no queden en la impunidad. Además, señaló que se deben adoptar otras medidas, porque en 30 días no se resolverá la problemática de violencia y el crimen organizado. 

La justificación del Gobierno

El Gobierno de Arévalo justificó la declaratoria con base en informes de seguridad que advierten sobre ataques armados, intimidaciones y amenazas contra la población y autoridades civiles y militares en ambos departamentos. Según el Ejecutivo, estas actividades representan un riesgo para el orden público y la seguridad de los habitantes.

El estado de sitio permite a las fuerzas de seguridad, bajo las disposiciones establecidas en el decreto, restringir reuniones y manifestaciones públicas, limitar la circulación de vehículos, efectuar detenciones sin orden judicial y realizar allanamientos en determinadas circunstancias. 

También contempla restricciones a la libertad de acción, locomoción, reunión y manifestación; así como a la tenencia y portación de armas.

La medida se produce después de una serie de hechos violentos registrados en el oriente del país durante las últimas semanas. Entre estos figuran la masacre ocurrida en Huité, Zacapa, el 27 de septiembre, en la que murieron ocho personas. También el ataque armado del 7 de noviembre en Río Hondo, que cobró la vida del diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y otros ataques registrados en el departamento.

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