La jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, dictó el sobreseimiento a favor del exdiputado Edgar Cristiani y ordenó cerrar el proceso penal que se seguía en su contra dentro del caso Odebrecht. La resolución fue emitida ayer, durante la audiencia de etapa intermedia, en la que el Ministerio Público (MP) buscaba que el excongresista enfrentara juicio por el delito de cohecho pasivo.
Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó modificar el escrito de acusación que había presentado en 2022, con el argumento de corregir e incorporar circunstancias relacionadas con los hechos atribuidos a Cristiani. Sin embargo, la defensa se opuso a la petición al considerar que no era el momento procesal para introducir los cambios.
Cruz Toscano respaldó los argumentos de la defensa y cuestionó que el MP pretendiera introducir 179 modificaciones al documento original, cuatro años después de haber presentado la acusación. A criterio de la juzgadora, permitir esos cambios en esta etapa procesal vulneraba el derecho de defensa del exdiputado, pues no se le garantizaba el tiempo necesario para preparar una respuesta frente a los nuevos señalamientos.
La jueza también cuestionó que la Fiscalía mantuviera en el escrito de acusación referencias a la calidad de colaborador eficaz de Cristiani, pese a que el acuerdo mediante el cual había obtenido esa condición quedó anulado por resoluciones judiciales.
Cristiani fue el segundo exdiputado del PP cuyo proceso penal fue cerrado por la jueza Cruz Toscano el mismo día. Horas antes, la jueza había dictado el sobreseímiento a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea, procesado en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
Los señalamientos
Cristiani fue electo diputado por el desaparecido PP para el período 2012-2016 y fue vinculado al caso Odebrecht por su participación en la aprobación del Decreto 29-2012, relacionado con el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, adjudicado a la constructora brasileña.
Según la acusación del MP, el excongresista habría recibido dinero de Carlos Batres Gil a cambio de votar a favor de la iniciativa que permitió avanzar con el proyecto carretero. Los señalamientos formaban parte de las investigaciones sobre los sobornos que Odebrecht habría distribuido entre diputados del Congreso para conseguir respaldo a sus proyectos en el país.
En el expediente, Cristiani figuró inicialmente como colaborador eficaz y proporcionó declaraciones sobre la distribución de sobornos a otros parlamentarios. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2021, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló los acuerdos de colaboración eficaz suscritos por Cristiani y la exdiputada Emilenne Mazariegos, tras una apelación presentada por el empresario Carlos Batres Gil.
En septiembre del año pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme esa decisión al rechazar un recurso presentado por el MP. Tras la anulación de su acuerdo de colaboración eficaz, Cristiani debía enfrentar el proceso penal por la vía ordinaria, lo que llevó a la Fiscalía a presentar la acusación por cohecho pasivo en 2022.
Cristiani también fue señalado en otros procesos penales. En uno de ellos se le acusaba de autorizar contrataciones irregulares en el Congreso. En septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a su favor, pero en octubre de 2023 la Sala Primera de Mayor Riesgo revocó esa resolución y ordenó emitir un nuevo fallo.
En marzo de 2021, Cristiani fue condenado a tres años de prisión por el delito de peculado por sustracción, debido a su implicación en el caso Registro de Información Catastral (RIC), relacionado con una plaza fantasma.
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