Para este martes estaba programada la audiencia en la que se conocería una querella planteada contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La cita fue a las 10 horas en el Juzgado Séptimo Penal a cargo de Orellana.
La denuncia la hizo el presidente Arévalo el año pasado en su calidad de ciudadano. En la misma acusó a Curruchiche de los delitos de abuso de autoridad, infracción de privilegios, resoluciones violatorias a la Constitución, tráfico de influencias y responsabilidad de funcionarios. Sin embargo, en su representación envió al abogado José Gabriel Bautista Fuentes, quien labora en la Secretaría General de la Presidencia bajo el renglón 029, según registros públicos. En la nómina su cargo está descrito únicamente como «profesionales individuales en general».
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre si existe algún impedimento o respaldo para que el abogado Bautista sea el representante del presidente, pero no hubo respuesta.
Durante la audiencia, el abogado del mandatario aprovechó para presentar una recusación en contra del juez Orellana bajo el argumento de que en noviembre pasado el mandatario solicitó a la junta disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) la suspensión del juzgador.
Esta acción fue planteada por el Ejecutivo después de que el juez Orellana declarara la nulidad del Comité Pro Formación del Movimiento Semilla y pusiera nuevamente en duda los resultados de las elecciones de 2023.
“Estas circunstancias imposibilitan que usted pueda continuar conociendo el siguiente proceso, toda vez que se cumple con lo que expresa el artículo 123 en su literal i de la Ley del Organismo Judicial”, expresó Bautista Fuentes.
Inmediatamente, el juez Orellana rechazó la recusación en su contra y aprovechó para cuestionar la honorabilidad del representante que fue enviado por el mandatario a la audiencia por ser un trabajador de la Secretaría General de la Presidencia y encontrarse en una audiencia dentro de horario laboral.
“Acá hay que indicar varios aspectos; en primer lugar, se ha tenido a la vista el mandato del abogado acá presente, donde queda claro que es contratista de la Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala”, dijo.
“¿Será correcto que un empleado público dentro de un horario laboral se encuentre litigando asuntos personales cuando recibe un sueldo mensual de la Secretaría General de la Presidencia de la República? Cualquier persona objetiva y sin sesgo deberá responder esa pregunta: ¿Será idóneo? ¿Será correcto? ¿Será ético?”, agregó Orellana.
Sobre estos señalamientos se consultó una postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Posteriormente, rechazó la solicitud del abogado y ordenó elevar el caso a una sala jurisdiccional.
Curruchiche dice que piden embargar Q4 millones de su salario
El fiscal dijo ante la prensa que se presentó a la audiencia para conocer más detalles de la querella que el presidente planteó en su contra. Aseguró que la petición es que le embarguen una suma aproximada de Q4 millones de sus salarios.
Algunos periodistas le cuestionaron sobre cuál es su salario mensual y Curruchiche les dijo que no iba a responder porque «no son periodistas, sino activistas». La prensa insistía en cuestionarlo sobre sus ingresos y el funcionario evitó responder hasta llegar a su camioneta y retirarse de tribunales.
La querella que planteó Arévalo pide el embargo de 500 salarios que hacen un total de Q4 millones. Además, cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles a nombre de Curruchiche.
“Yo respeto mucho la decisión del juez y yo no podría manifestar más. Es una cuestión de criterios. Es una investigación que lleva la fiscalía de Asuntos Internos en mi contra y pues, obviamente yo necesito enterarme de qué es lo que hay en esa investigación”, indicó Curruchiche a los medios.
