Este lunes, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza las órdenes de captura emitidas contra el embajador colombiano Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, en el caso Odebrecht.
Según el pronunciamiento, estas medidas “carecen de sustento legal” y vulneran acuerdos internacionales entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del establecimiento de la CICIG. Además, denuncia que estas acciones tienen un “evidente objetivo político” y se enmarcan en una serie de decisiones del Ministerio Público guatemalteco que, a juicio del gobierno, “han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala”.
Las órdenes de captura las solicitó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por entorpecer investigaciones de alto perfil relacionadas con corrupción.
Las acusaciones contra Velásquez y Camargo incluyen asociación ilícita, obstrucción de la justicia y colusión, en el contexto de las negociaciones de acuerdos de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht durante la gestión de la CICIG.
Gobierno de Colombia se pronuncia
A través de la Cancillería de Colombia, se emitió un comunicado en el que expresan su «profunda preocupación y enérgico rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala» contra Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Camargo, fiscal general de la Nación. «Esta decisión, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y constituye una grave desviación de los estándares del derecho internacional”, dice el documento.
