Los cambios propuestos han generado preocupación entre diversos sectores de la población que advierten sobre los riesgos de ampliar los márgenes de contratación sin fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. La discusión tomó impulso en los últimos días debido a que trascendió que diputados buscarían aprobar la iniciativa 6688 por la vía de urgencia nacional, pese a que la Comisión de Economía y Comercio Exterior todavía no ha emitido dictamen.
Según fuentes consultadas, congresistas se reunieron la semana pasada con el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, para abordar la aprobación de la normativa.
La iniciativa fue presentada por el Organismo Ejecutivo el 25 de noviembre del año pasado y ese mismo día fue remitida a la Comisión de Economía. Desde entonces no se ha conocido avances en su proceso de discusión.
La propuesta busca sustituir el Decreto 57-92, con el argumento de modernizar los procedimientos de compras, reducir las limitaciones burocráticas e incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión pública.
Sin embargo, uno de los cambios más importantes está en los montos que determinarían que procedimiento deben utilizar las entidades públicas para adquirir bienes y servicios.
Actualmente, las compras de baja cuantía tienen un límite de Q25 mil; las compras directas, de Q90 mil; y las cotizaciones, de Q900 mil. Las contrataciones que superan esta última cantidad deben realizarse mediante licitación pública.
La iniciativa plantea elevar los límites a Q35 mil para compras menores, Q300 mil para una nueva categoría llamada contratación simplificada y Q2 millones para cotizaciones. Las adquisiciones que superen el último monto deberán realizarse mediante licitación.
La propuesta también modifica el sistema de contratos abiertos y lo sustituye por convenios marco que podrán ser abiertos o cerrados, completos o incompletos, dependiendo de si permiten incorporar proveedores durante su vigencia y si requieren nuevas competencias para emitir órdenes de compra.
Además, plantea crear el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contrataciones como ente rector, el Registro General de Proveedores del Estado y la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las adquisiciones se gestionarían mediante la tienda virtual de Guatecompras.
Alertan por cambios y falta de controles
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que la propuesta original contiene elementos positivos, entre ellos la sustitución de contratos abiertos por convenios marco y la incorporación de estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que las versiones de las enmiendas que circulan contienen modificaciones que podrían debilitar algunos controles previstos inicialmente.
Uno de los cambios que más preocupa al representante del Icefi es la eliminación de un tribunal independiente que, según explicó, estaba contemplado en la propuesta original para resolver las inconformidades e impugnaciones de los procesos de adquisición pública.
“Pero el problema es que se está hablando de enmiendas y hay una serie de modificaciones al texto, por ejemplo, la propuesta original planteaba la creación de un tribunal independiente que resolviera las inconformidades y las impugnaciones de los procesos de adquisición pública. El problema es que la propuesta que está en los textos que están circulando desde el día de ayer ya no tienen este tribunal”, señaló.
Barrientos aclaró que el Icefi no se opone a modernizar la legislación pero cuestionó la forma en que se pretende aprobar la normativa.
“Lo que estamos expresando es la preocupación por la forma en la que se quiere aprobar, de urgencia nacional, sin análisis, ni dictamen, ni estudios, ni debate, ni discusión”, afirmó.
Respecto a los nuevos límites de contratación, consideró necesario actualizar los montos para las licitaciones y cotizaciones. No obstante, expresó su desacuerdo con ampliar excesivamente los techos para las compras directas y de baja cuantía, especialmente ante la proximidad de un año electoral.
El representante de Icefi también recordó que aprobar leyes sin suficiente análisis puede generar problemas en su aplicación. Como ejemplo mencionó la Ley de Competencia y las dificultades que, a su criterio, ha enfrentado la Superintendencia de Competencia desde su creación, situación que calificó como un “desastre”.
Barrientos estimó que los diputados deben explicar por qué buscan aprobar la iniciativa de urgencia nacional sin que la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, haya emitido un dictamen.
eP Investiga buscó conocer la postura de Ayala sobre la iniciativa y los avances en su discusión, pero no respondió a los mensajes ni a las llamadas telefónicas.
Advierten sobre mayor discrecionalidad
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, también cuestionó la falta de una discusión amplia sobre la iniciativa. Consideró que la ausencia de debate genera sospechas sobre posibles modificaciones que podrían favorecer a quienes administran y ejecutan los recursos públicos.
El representante de la organización advirtió que elevar montos de contratación no garantiza que el Estado realice inversiones de calidad ni que mejore el uso de los recursos.
“Estamos frente a un escenario que ya lo conocemos, que es que se facilita abrir los chorros para gastar, pero no se mejoran los procesos de rendición de cuentas”, indicó.
En un análisis realizado el año pasado, Acción Ciudadana señaló que la propuesta amplía las atribuciones del Ministerio de Finanzas Públicas en materia de regulación, operación, registro, capacitación y sanción, sin establecer suficientes mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La organización también advirtió que aumentar los montos para las modalidades de contratación menos competitivas podría reducir la participación de oferentes y ampliar la discrecionalidad en las compras estatales.
Entre otros aspectos, cuestionó que las excepciones a los procedimientos de contratación no cuenten con suficientes garantías, que la transparencia no abarque todas las etapas de ejecución de los contratos y que las obligaciones de capacitación del personal no están acompañadas de recursos ni mecanismos de evaluación.
Para Acción Ciudadana, la modernización del sistema debe traducirse en mejoras verificables en competencia, transparencia y calidad del gasto público.
Piden aprobación ordinaria
La Red de Centros de Pensamiento, integrada por organizaciones como la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), el Icefi, Flacso Guatemala, el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), pidieron al Congreso tramitar la iniciativa por la vía ordinaria y descartar su aprobación de urgencia nacional.
Las organizaciones consideran que, por el alcance de los cambios propuestos, se necesita un análisis técnico más profundo, audiencias públicas y la publicación del texto consolidado y sus enmiendas.
También advirtieron que para aprobar la normativa sin suficiente discusión podría facilitar compras directas y modificaciones contractuales sin controles adecuados. A esto se suma el riesgo de que los reglamentos, sistemas informáticos e instituciones responsables no estén preparados para implementar la nueva legislación.
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