Colectivos estudiantiles piden al MP frenar criminalización en caso Toma Usac

Distintos colectivos estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) exigieron al Ministerio Público (MP) poner fin a la criminalización de estudiantes, docentes y trabajadores de esa casa de estudios, en el denominado caso “Toma Usac: Botín Político”, un proceso penal iniciado a raíz de las protestas contra de la primera elección de Walter Mazariegos como rector, en 2022.

Denis Aguilar

noviembre 18, 2026 - Actualizado noviembre 18, 2026
Foto: eP Investiga

En un comunicado, los colectivos recordaron que el pasado 16 de noviembre se cumplieron tres años del inicio del proceso penal, en el que al menos 27 estudiantes, docentes y trabajadores han sido perseguidos por su participación en acciones de rechazo a la elección de Mazariegos, la cual consideran fraudulenta.

“Este proceso ha interrumpido el proyecto de vida de las personas criminalizadas y tiene como propósito principal generar un efecto disuasivo e intimidatorio en toda la comunidad estudiantil sancarlista”, señalaron.

Los estudiantes denunciaron que la criminalización se ha utilizado como un “castigo ejemplar” mediante medidas como la prisión preventiva y el exilio. También mencionaron otras consecuencias, entre ellas el bloqueo de trámites administrativos y congelamiento de cuentas bancarias, medidas que, según indicaron, continúan vigentes. 

Además, advirtieron que la gestión de Mazariegos ha reducido espacio de participación dentro de la Usac. Entre estos hechos que cuestionan mencionaron su reelección este año, también señalada como fraudulenta, la permanencia de más de la mitad de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), la intervención de unidades académicas y el rechazo a elecciones legítimas en facultades y centros universitarios que no son afines a las autoridades actuales.

“El fraude electoral de Walter Mazariegos ha desplazado los espacios de participación dentro de la Usac”, afirmaron los colectivos en el comunicado.

Por estos hechos, hicieron un llamado al MP, dirigido por Gabriel García Luna para “dejar atrás el régimen de criminalización de Walter Mazariegos, Saúl Sánchez y Consuelo Porras”, y atienda las denuncias presentadas por estudiantes y docentes contra las autoridades universitarias.

También pidieron al Organismo Judicial revisar la actuación del juez Víctor Cruz, a quien cuestionan por no permitir que los distintos procesos se conecten, pese a que, según los colectivos, se originan en un mismo expediente judicial. Asimismo, reclamaron que los procesos avancen hacia la etapa intermedia.

Finalmente, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) velar por el respeto al debido proceso y garantizar el acceso a la justicia de las personas involucradas. 

Avance del caso 

El caso se originó por la ocupación de las instalaciones de la Usac, entre mayo de 2022 y junio de 2023, como medida de protesta contra la elección de Walter Mazariegos como rector. El MP sostiene que la toma respondió a una articulación de intereses políticos y presentó cargos contra estudiantes, docentes, trabajadores y otras personas.

Inicialmente, la Fiscalía buscó imputar los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita. Sin embargo, el juez Víctor Cruz dictó falta de mérito por sedición y asociación ilícita, mientras mantuvo los procesos por usurpación agravada y depredación de bienes culturales para quienes fueron ligados a proceso por esos cargos.

Las audiencias de etapa intermedia continúan pendientes y fueron reprogramadas para enero, marzo y abril de 2027, lo que ha prolongado el avance del proceso judicial. 

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