En una votación exprés, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso desechó las tachas presentadas contra los aspirantes a relatores de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura (OPT). Ningún señalamiento obtuvo los votos necesarios para ser considerado.
La comisión había abierto un plazo para que la sociedad civil planteara objeciones. Se presentaron tachas contra siete perfiles.
Los más señalados fueron el actual relator y exjuez Lesther Castellanos y Jennifer Alejandra Aldana, con cuatro cada uno. Fredy Noé Orellana acumuló dos. Rita Magnolia Sandoval, Brian Iván Cruz, Luis Fernando De León, Silvia Violeta De León Santos e Hilda Margarita Franco recibieron una cada uno.
Con el rechazo, los 31 aspirantes pasarán a la siguiente ronda, en la que se votará por su hoja de vida. Quienes obtengan mayoría integrarán el listado que se enviará al Pleno para elegir a los relatores titulares y suplentes.
La comisión votará esta semana.
“Ya tienen favoritos”
Para analistas, estos procedimientos son una fachada para hacer parecer que el proceso es transparente, pero que terminarán decidiendo dejar en estos puestos con quienes tengan cercanía o hayan hecho negociaciones.
Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, es una burla que, sin conocer el fondo, dejen fuera las tachas presentadas por la ciudadanía, lo cual también es un incumplimiento de principios legales; no están escuchando las objeciones que podrían tener peso para tomar decisiones.
La analista asegura que la Constitución los obliga a buscar perfiles capaces y honorables para llegar a estos puestos, pero al revisar el CV de los aspirantes no es garantía de ello. “El papel aguanta con todo”, dijo.
Ibarra dice que este proceso de selección es a imagen y semejanza de las comisiones de postulación, pero no priorizan los valores de transparencia y publicidad. “Ya tienen favoritos y son ellos los más tachados”, agregó.
Los más señalados
Alianza por las Reformas presentó tachas contra Lesther Castellanos, quien busca su reelección como relator titular. En el documento presentado a la comisión, plantearon que no puede continuar con ese cargo porque ha sido ineficiente en el puesto y, además, fue uno de los personajes que participó en la criminalización contra operadores de justicia.
Una fuente que prefirió mantener el anonimato dijo a eP Investiga que Castellanos está buscando acercamientos con diputados de la UNE y Cabal para negociar su permanencia en la OPT y que voten a su favor cuando pase el filtro de la comisión de derechos humanos.
Se consultó con Luis Aguirre, presidente de la bancada de Cabal, y dijo que no han recibido a ningún aspirante en este proceso.
Castellanos y la UNE no respondieron al cuestionamiento sobre estos acercamientos.
Castellanos también participó en el proceso para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En este, pasó a integrar la nómina que fue trasladada al Congreso. En este proceso, diputados de los partidos UNE, Vamos, Valor y Cabal fueron los que votaron a su favor, pero solo alcanzó 29 votos.
Jennifer Alejandra Aldana, es otra aspirante que también recibió cuatro señalamientos. Tampoco es nueva para la institución porque ha sido relatora. Incluso, en 2024 ella asumiría la presidencia de la OPT, pero Castellanos intentó bloquear este traspaso.
Aldana García fue designada como suplente en marzo de 2022 de Ever Alejandro Pérez Arriaza, que falleció en una visita a México en abril de 2023.
Diputados y analistas cuestionan a la OPT
El diputado José Chic, de la bancada VOS, mencionó que ellos no han recibido ningún acercamiento con alguno de los aspirantes, pero que es una modalidad que podría usarse, ya que esta comisión de Derechos Humanos está compuesta por un diputado de cada bancada en el Congreso.
“Esperaría que la terna corresponda a un criterio profesional de objetividad e imparcialidad; quienes ya ocuparon un cargo deberían quedar fuera por sanidad de la entidad”, dijo Chic.
El congresista señaló que esta institución ha estado en conversaciones por la falta de credibilidad que tienen por hechos como el informe que hicieron en beneficio de Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, para salir de prisión.
“Las discusiones han sido que mejor debería desaparecer la oficina de prevención en lugar de elegir relatores”, dijo Chic.
Alejandro Rodríguez, es analista en temas de seguridad y refirió que la importancia que se le debería dar a cargos de este tipo debería ser un tema vital para la seguridad del país, pero asegura que estos espacios son utilizados para beneficio personal de quienes los ocupan.
“La discusión sobre si esta entidad debería continuar es algo para tomar en cuenta porque no hay resultados, hay más escándalos que procesos en beneficio de la población reclusa. Solo están para beneficiar a pandilleros vinculados a partidos políticos y para devengar altos salarios”, agregó.
La comisión votará esta semana por cada uno de los aspirantes al revisar su hoja de vida y quienes reciban mayoría de votos, pasarán a integrar el listado que será enviado al Congreso y así elegir a los relatores titulares y suplentes.








