Así lo ha denunciado el director titular de la Superintendencia de Competencia, Edgar Guzmán, quien ha realizado publicaciones en redes sociales señalando algunas irregularidades ocurridas durante el desarrollo del proceso. 

Según Guzmán, las irregularidades se han dado desde que, mediante la resolución 55-2026, se aprobó el proceso para la elección de superintendente. 

Posteriormente, se emitieron actas con fecha del 7 y 10 de agosto, las que a su criterio reflejan la “calamidad en la que está la institución” y señaló que para realizar un proceso implica varias etapas, logística y condiciones adecuadas para realizarlo. 

En ese sentido, señaló que una institución pública, como la Superintendencia de Competencia, no puede decir que una empresa o alguna organización privada apoyará para esos efectos, sin que antes exista algún convenio de cooperación. 

“Por ejemplo, dentro de las etapas en las que se hicieron entrevistas, presentaciones de planes de trabajo, se hicieron entrevistas a los candidatos en salones de hoteles de la zona 10 y de eso hasta el momento no hay constancia de quién lo pagó y cómo se pagó”, dijo Guzmán. 

Además, indicó que el director presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer, ha señalado que esto se hizo a través de la organización International Trade Center (ITC), a través de la Unión Europea. 

“Lo preocupante de esto es que no hay ningún convenio, no hay nada que de soporte legal a eso. Yo estoy en contra de eso porque la Ley de Presupuesto es bien clara que cualquier entidad pública, no solo es la Superintendencia, para poder recibir algún tipo de cooperación de alguna organización nacional o internacional debe realizar determinados registros y etapas hasta llegar a la firma de un convenio”, dijo Guzmán. 

Según Guzmán, este tipo de acciones se han dado debido a la urgencia de nombrar a un superintendente “ad hoc”. 

La universidad chilena

Otro de los aspectos que Guzmán ha señalado como una irregularidad en el proceso, es la forma en la que se incorporó la nota final de los aspirantes a superintendente de Competencia, particularmente la correspondiente al examen de oposición, que fue realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. 

“La evaluación fue realizada por una entidad externa sin que exista convenio ni soporte administrativo, financiero o legal que respalde su intervención en el proceso”, dijo Guzmán. 

Además, mencionó que el temario con el que fueron evaluados los aspirantes nunca fue conocido ni aprobado por el Directorio.

“La elección del Superintendente exige transparencia y estricto apego a la legalidad para dar certeza a un proceso vital para que la Superintendencia empiece a cumplir con su mandato”, indicó Guzmán. 

Guzmán señaló que durante la sesión del lunes, los representantes de la universidad dijeron que fue Naciones Unidas. 

El recurso de reposición

Guzmán informó que el 23 de septiembre el Directorio admitió un recurso de reposición presentado que fue interpuesto por Juan Carlos Rodil Quintana en contra de la resolución 55-2026, en la que alega que el proceso de elección de superintendente se debe realizar con la nómina que ya se había realizado y no mediante un nuevo proceso. 

En ese sentido, Guzmán señaló que hay antecedentes de que los recursos de reposición tienen efectos suspensivos de conformidad con fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que aseguró que existe la probabilidad de que este proceso actual pueda ser anulado. 

“He manifestado mi preocupación porque el proceso no goza de la certeza jurídica que debería tener. Existe un recurso de reposición pendiente de resolver, mientras se continúa avanzando en etapas determinantes de la elección”, indicó Guzmán. 

Dijo también que es probable que el Directorio esté buscando acelerar el proceso, debido a que parte este miércoles se convocó para realizar las entrevistas finales a los aspirantes.