La controversia por los salarios de Q75 mil mensuales que se autorrecetaron las máximas autoridades de la Superintendencia de Competencia escaló al Congreso de la República, donde ahora se debate no sólo la legalidad de la decisión administrativa sino su impacto político y fiscal en un país con profundas desigualdades salariales.
El lunes pasado, eP Investiga reveló que mientras la mayoría de guatemaltecos sobrevive con un salario mínimo que apenas ronda entre Q3 mil 471 y Q4 mil 252 mensuales, la recién creada Superintendencia de Competencia decidió fijar sueldos de Q75 mil al mes para cada uno de los integrantes de su Directorio (tres titulares y tres suplentes) y para el superintendente, lo que significa aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto vigente de la entidad.
El bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) citó para este viernes a los tres directores titulares Javier Enrique Bauer Herbruger, Édgar Rolando Guzmán Fuentes y Jorge Mario González Paz; los tres directores suplentes Luis Guillermo Velásquez Pérez, Alfredo Skinner-Klee Sol y Jorge Alberto Santiago Chen Sam; y al superintendente Jorge Miguel Castillo Castro.
La citación tiene como objetivo que las autoridades expliquen el funcionamiento de la Superintendencia, las decisiones adoptadas en su fase inicial y, en particular, los criterios utilizados para fijar sus propias remuneraciones, en medio de cuestionamientos técnicos, críticas ciudadanas y un debate abierto sobre prioridades del gasto público.
El llamado del Congreso se produce además en un contexto en el que los salarios aprobados colocan a Guatemala por encima del promedio latinoamericano en remuneración de autoridades de competencia y superan a países con organismos más antiguos y consolidados, como Brasil, Colombia y Perú, cuyas economías son considerablemente más grandes.
Presión legal y críticas
La ofensiva política del bloque VOS va más allá de la citación. El diputado José Chic, también integrante de esa bancada, anunció que presentará hoy un Recurso de Reposición ante la Superintendencia de Competencia para exigir revisión y rectificación de la escala salarial.
“Lo que estamos solicitando es que revisen nuevamente la escala salarial y la rectifiquen. Si no obtenemos respuesta o si la petición es denegada, vamos a acudir a la vía del amparo. La ley establece un plazo de cinco días hábiles para resolver”, afirmó Chic.
El rechazo a los salarios también ha tenido eco en otros bloques del Legislativo. El diputado Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), cuestionó públicamente la decisión del Directorio y la vinculó con prácticas que, a su juicio, han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones públicas
“El aumento al salario de los diputados fue un error porque sentó un mal precedente. Hoy, la Superintendencia de Competencia, una institución de reciente creación, replica esa mala práctica al autorizar sueldos de Q75 mil mensuales”, escribió Álvarez en sus redes sociales.
El legislador recordó además que votó en contra del incremento salarial en el Congreso y sostuvo que ese mismo criterio aplica al caso de la Superintendencia. “Las decisiones públicas deben tomarse con responsabilidad y respeto al dinero de los ciudadanos”, subrayó.
Solicitarán dar marcha atrás
El director suplente Luis Velásquez anunció que, en la próxima sesión del Directorio, solicitará formalmente la revisión de las remuneraciones. “Mañana en la sesión de Directorio, como parte de mi derecho a voz, solicitaré un punto para revisar los salarios de las siete autoridades y lograr una reducción significativa de las escalas aprobadas la semana pasada”, escribió. Velásquez agregó que la sesión será pública, como lo establece la ley, y se realizará a las 7 de la mañana en las instalaciones de Pronacom.
A ese pronunciamiento se sumó el del director titular Édgar Guzmán, quien calificó la decisión como “errónea” y pidió transparencia sobre cómo se tomó. Guzmán informó que solicitó al presidente del Directorio, Javier Bauer, que se hagan públicos el acta y el audio de la sesión en la que se aprobaron los salarios.
“El audio y acta de la sesión deben ser públicos; transparentar nuestro actuar brinda confianza y legitimidad institucional”, publicó Guzmán, al advertir que la falta de claridad profundiza la crisis de credibilidad que atraviesa la entidad.
Frente a llamados ciudadanos que exigían la renuncia de las autoridades si no se reducen los salarios, el funcionario respondió que dimitir no fortalecería a la institución. “Guatemala no necesita silencios cómodos, necesita funcionarios que señalen lo que está mal y trabajen para corregirlo. Estoy comprometido; la decisión de los salarios debe ser revocada”, escribió.
