Guatemala se ubicaría por encima del promedio latinoamericano en remuneración de autoridades de competencia

La recién creada Superintendencia de Competencia aprobó salarios de Q75 mil mensuales para sus autoridades, una remuneración que no solo supera el promedio regional, sino que también rebasa la de organismos homólogos en Brasil, Colombia y Perú, países con economías más grandes y autoridades de competencia consolidadas desde hace décadas.

enero 22, 2026 - Actualizado enero 23, 2026

La defensa del salario de Q75 mil mensuales por parte de las máximas autoridades de la Superintendencia de Competencia contrasta con una comparativa regional de remuneraciones de organismos homólogos en América Latina, donde el ingreso promedio de los titulares de estas entidades se sitúa por debajo de lo aprobado en Guatemala.

De acuerdo con una tabla comparativa elaborada con datos de autoridades de competencia de la región, el promedio salarial mensual de estos cargos ronda los US$7 mil 115, equivalentes a aproximadamente Q54 mil 500, una cifra inferior a la remuneración fijada para los tres directores titulares, tres suplentes y el superintendente de la institución guatemalteca.

En la región, México encabeza la lista de remuneraciones más altas, donde el año pasado el comisionado presidente de la antigua Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y que fue reemplazada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) percibió aproximadamente US$10 mil 800 mensuales, equivalentes a aproximadamente Q82 mil 500. Le sigue Chile, donde el Fiscal Nacional Económico recibe entre US$9 mil 500 (uno Q72 mil 700), un monto cercano, pero aún ligeramente inferior, al aprobado en Guatemala.

En República Dominicana, el presidente del Consejo Directivo de ProCompetencia percibe alrededor de US$8 mil 250 (unos Q63 mil 200), mientras que en Costa Rica, el comisionado presidente de Coprocom recibe aproximadamente US$8 mil 200 (Q62 mil 800).

Por debajo de estos montos se ubican países como Brasil, donde el presidente del tribunal del CADE gana alrededor de US$7 mil 600 (unos Q58 mil 200); Colombia, con un salario aproximado de US$6 mil 900 (unos Q52 mil 800) para el superintendente de Industria y Comercio; y Perú, donde el presidente del consejo directivo de Indecopi recibe un salario de US$6 mil 600 (unos Q50 mil 500).

PaísEntidadCargoRemuneración localAprox. USDAprox. Quetzales
MéxicoCOFECEComisionado PresidenteMXN$ 190 mil10 mil 80082 mil 500
GuatemalaSuperintendencia de CompetenciaDirector / SuperintendenteQ75 mil9 mill 70075 mil
ChileFNEFiscal Nacional EconómicoCLP$ 8 millones – 9 millones 300 mil9 mil 50072 mil 770
República DominicanaProCompetenciaPresidente del Consejo DirectivoRD$ 500 mil8 mil 25063 mil 195
Costa RicaCOPROCOMComisionado Presidente₡ 4 millones 230 mil8 mil 20062 mil 812
BrasilCADEPresidente del TribunalR$ 44 mil 0087 mil 60058 mil 216
ColombiaSICSuperintendente de Industria y ComercioCOP$ 26 millones – 28 millones 500 mil6 mil 90052 mil 854
PerúINDECOPIPresidente del Consejo DirectivoS/ 15 mil 600 – 25 mil6 mil 60050 mil 556
EcuadorSCESuperintendenteUS$ 5 mil5 mil38 mil 300
El SalvadorSCSuperintendenteUS$ 5 mil5 mil38 mil 300
ParaguayCONACOMMiembro del DirectorioPYG$ 22 millones2 mil 90022 mil 214

Instituciones más antiguas, salarios más bajos

Por debajo del salario aprobado en Guatemala se ubican países con autoridades de competencia más antiguas y consolidadas, así como economías de mayor tamaño. En Brasil, el presidente del tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) percibe alrededor de US$7 mil 600 (unos Q58 mil 200), pese a que esta institución fue creada originalmente en 1962 y fortalecida con amplias facultades sancionatorias a partir de la reforma de 2011, lo que la convierte en una de las autoridades de competencia con mayor trayectoria en América Latina.

En Colombia, el salario del superintendente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ronda los US$6 mil 900 (aproximadamente Q52 mil 800). La SIC data de 1959 y ejerce funciones de competencia desde hace varias décadas, con un alcance que incluye protección al consumidor y control de mercados en una economía considerablemente más grande que la guatemalteca.

Un patrón similar se observa en Perú, donde el presidente del consejo directivo de Indecopi recibe cerca de US$6 mil 600 (unos Q50 mil 500). Esta entidad fue creada en 1992 y es considerada una de las autoridades de competencia más técnicas y consolidadas de la región, con experiencia acumulada en investigaciones complejas y sanciones a grandes conglomerados empresariales.

El contraste resulta más marcado si se considera que Brasil, Colombia y Perú cuentan con mercados más amplios, mayores niveles de actividad económica y autoridades con décadas de operación, mientras que la Superintendencia de Competencia en Guatemala es una institución de reciente creación y que aún se encuentra en fase de implementación.

En otros países de la región, las remuneraciones son significativamente menores. En Ecuador y El Salvador, los superintendentes de competencia perciben alrededor de US$5 mil mensuales, equivalentes a unos Q38 mil 300, mientras que en Paraguay un miembro del directorio de Conacom recibe cerca de US$2 mil 900 (unos Q22 mil), uno de los salarios más bajos del comparativo.

Debate sobre proporcionalidad y prioridades

El comparativo regional contradice el argumento expresado en el programa Con Criterio por el presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Enrique Bauer Herbruger, quien sostuvo que los salarios fijados en Guatemala serían inferiores a los de otras autoridades de competencia en América Latina. Al menos a la luz de estos datos, Guatemala se coloca en el segmento alto de la región, solo por debajo de México y en niveles similares a Chile.

La discusión es aún más relevante si se toma en cuenta que la Superintendencia de Competencia es una institución de reciente creación, que aún no cuenta con la totalidad de su presupuesto asignado y que opera, por ahora, con Q20 millones disponibles, mientras el resto de los fondos permanece en condición incierta por la suspensión del Presupuesto General de la Nación 2026 ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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