Foto: MP
Según el documento, el MP afirma haber contribuido a una “reducción sostenida de los principales delitos que afectan a la población guatemalteca”, citando una disminución del 11.5 por ciento en homicidios, 35.7 por ciento en secuestros y 41.9 por ciento en extorsiones desde mayo de 2018.
En el ámbito de persecución penal, el informe reporta que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 ingresaron 260 mil 155 nuevos casos a las distintas fiscalías del país. Además, se promovieron 99 mil 170 acciones penales y se ejecutaron 18 mil 098 allanamientos y 26 mil 228 órdenes de aprehensión. De estos casos únicamente alcanzaron 7 mil 683 sentencias condenatorias.
El MP también se refirió a 43 mil 036 denuncias presentadas en línea a través del Sistema Informático de Control del MP (SICOMP) y la implementación del Sistema Informático de Gestión de Casos del Ministerio Público (SICC).
No obstante, el informe omite mencionar los señalamientos internacionales que acusan al MP de abuso de poder y criminalización de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Hacia el final de su intervención, Porras reiteró su postura frente a las críticas nacionales e internacionales: “No permitiré que ningún interés ajeno a la ley interfiera en el mandato constitucional que se nos ha encomendado”. Y concluyó con un tono desafiante: “A quienes aún esperan que desistamos, les decimos: no hay marcha atrás. A quienes buscan debilitar la justicia, les decimos: no lo permitiremos. Y al pueblo de Guatemala le reiteramos: no están solos”.
Un informe del Vance Center y la Facultad de Derecho de Stanford documenta que el MP ha “obstaculizado investigaciones sobre corrupción, ha utilizado el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y ha intentado desestabilizar la democracia del país”.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado una revisión independiente del funcionamiento del MP debido a denuncias sobre su falta de objetividad. Organismos como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea también han expresado preocupación por la situación del Estado de derecho en Guatemala.
Este es el penúltimo informe que Porras presentará al frente del MP, en mayo de 2026 se estará realizando el cambio de Fiscal General. Analistas consideran que el legado de Porras es de impunidad y criminalización que ha marcado un retroceso en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
