Porras fue la sucesora de Thelma Aldana (2014-2018) y, antes de ella, de Claudia Paz y Paz (2010-2014), dos fiscales que lideraron gestiones reconocidas internacionalmente por fortalecer la independencia judicial y promover investigaciones penales complejas.

Durante sus mandatos, el MP articuló estrategias para la reducción de homicidios, que, según sus datos oficiales, descendieron de 46 a 18 por cada 100 mil habitantes, y desarticularon a estructuras criminales de alto nivel, incluyendo redes de corrupción estatal y crimen organizado, según registró InSight Crime, medio especializado en cobertura sobre crimen organizado.

La gestión de Porras al frente del MP se extiende ya por siete años. Un período que, según analistas, lejos de fortalecer la institucionalidad y garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía, ha significado un claro retroceso en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.

Cuando en 2018 fue nombrada Porras como fiscal general por el expresidente Morales, Guatemala atravesaba un momento crucial. El MP, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), había logrado procesar a estructuras de alto nivel vinculadas al desvío de recursos públicos, redes de tráfico de influencias y lavado de dinero. 

La ciudadanía empezaba a confiar en que, por fin, nadie estaba por encima de la ley. Pero ese proceso fue abruptamente interrumpido. 

Alejandro Giammattei la reeligió en 2022 para continuar en el cargo por cuatro años más. Analistas indican que no fue un nombramiento neutral, sino una decisión que respondió a los intereses de quienes buscaban desmontar los avances alcanzados en años anteriores.

“No porque consideraba que era la mejor persona, era la mejor que podría procurarle impunidad”, afirma Alejandro Rodríguez, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos, una coalición de organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos humanos en Guatemala. 

El 23 de julio de 2021, Porras destituyó al hoy exfiscal Juan Francisco Sandoval de su cargo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), unidad que dirigió durante más de una década. El funcionario tuvo que salir al exilio por casos formulados en su contra. A las pocas semanas, le habían girado la primera de muchas órdenes de captura.

La llegada de Porras significó un viraje en el MP. De ser un actor clave en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pasó a ser una herramienta funcional a los intereses del poder.  Así lo sostiene Sandoval: “Mi destitución fue tan solo uno de los episodios que marcaron este cambio de rumbo. Pero no fue el único. Más de 40 operadores de justicia independientes han sido forzados al exilio, perseguidos judicialmente o criminalizados. ¿Su delito?, hacer su trabajo con integridad y sin someterse a presiones”, señaló. 

Desde la sociedad civil, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, ha documentado el estancamiento y retroceso del MP y su diagnóstico es contundente: “Ahora la desestimación es la reina de las salidas procesales”. 

La liquidación de casos

Uno de los mecanismos que ha facilitado ese retroceso es el uso sistemático de la Fiscalía Liquidadora, una dependencia que originalmente fue creada bajo la administración de Thelma Aldana para descongestionar el sistema, pero que ha sido instrumentalizada durante la gestión de Porras. 

Según Ibarra, esto ha generado que miles de denuncias queden sin investigación, en un patrón de desestimación que afecta desde delitos comunes hasta crímenes de alto impacto social. Subraya que, aunque la desestimación es una figura legal prevista en el Código Procesal Penal, su uso sistemático ha sido tergiversado. “El problema es que se está usando como una salida procesal y lo interpretan como una resolución de caso, cuando en realidad no está resolviendo ninguno”, señaló.

Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, concuerda con que uno de los principales efectos de esta administración ha sido la denegación sistemática de justicia a las víctimas. “El mejor ejemplo de eso es que está desestimando básicamente todos los casos que se le presentan”, señaló. “Esto es resultado de destituciones y de haber destruido las capacidades instaladas en investigación y litigación”, agregó.

Las cifras oficiales lo reflejan: según datos del MP, citados por el informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en 2023, las tasas de desestimación superan el 80 por ciento en delitos de violencia contra la mujer y más del 90 por ciento en delitos contra la vida. Entre 2018 y 2023, más de 65 mil denuncias por violencia sexual fueron archivadas sin llegar a sentencia.

En cuanto a los casos de alto impacto político, el Movimiento Pro Justicia describe una línea de tiempo clara: entre 2015 y 2018, bajo la FECI y la CICIG, se presentaron múltiples casos contra redes de corrupción. Muchos de ellos quedaron abiertos cuando Jimmy Morales decidió finalizar el mandato de la CICIG. Al asumir Porras, lejos de darles continuidad, optó por el estancamiento. 

Régimen en el MP

A partir de 2021, el giro fue aún más severo, asegura Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, porque “no solamente le dio el zarpazo a todos esos casos, sino que también actuó a lo interno del Ministerio Público”. La institucionalidad fue sustituida por una estructura vertical, autoritaria, donde se persigue a quienes no obedecen. 

“Está la implantación de un régimen interno en el MP que es sin duda alguna de carácter autoritario”, explica Ibarra. Los fiscales dejaron de tener independencia y pasaron a temer represalias, pero asegura que el deterioro no se detiene ahí. La fiscal general también ha contribuido a la construcción de casos sin fundamentos sólidos, con objetivos más políticos que jurídicos. Menciona como ejemplo las investigaciones iniciadas en torno al Puerto Quetzal, que calificó de “show”.

La criminalización no sólo ha alcanzado a fiscales y jueces, sino también a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y opositores políticos. “Han creado un ambiente de zozobra y de miedo que amedrenta no solamente a lo interno del MP, sino también a jueces, fiscales, periodistas, diputados… Mucha gente está asustada”, asegura Ibarra, quien vincula ese temor institucional con la frustración generalizada de la ciudadanía. 

Bajo el mandato de Porras fue encarcelado el periodista Jose Rubén Zamora y otros comunicadores de elPeriódico fueron criminalizados, algunos optaron por el exilio. Además, el ente investigador ha iniciado investigaciones contra otros periodistas como Diego España, a quien señalan por violencia contra la mujer por haber entrevistado a una fiscal.

Recientemente, dos exlíderes de 48 Cantones fueron capturados y ligados a proceso por su participación en las protestas en defensa de los resultados electorales de 2023. También fue encarcelada Ligia Hernández, exdiputada de Semilla y exdirectora del Instituto de la Víctima y se iniciaron procesos contra estudiantes de la Universidad San Carlos que denunciaron la cooptación de la casa de estudios a manos de Walter Mazariegos. 

Un MP extralimitado

La falta de respuestas del MP ante delitos cotidianos y la paralización de casos de corrupción alimentan una percepción de impunidad estructural, aseguran analistas. 

Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, asegura que hay una política criminal impuesta por Porras. “Ha favorecido la impunidad en casos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos, al mismo tiempo que ha sobreutilizado el poder punitivo para criminalizar a defensores de derechos humanos, exoperadores de justicia, periodistas y defensores del territorio”, asegura.

Pero hay algo más de fondo que preocupa a Muñoz: el uso del poder penal más allá de sus límites constitucionales. “La fiscal general no entiende que tiene límite. Se ha convertido en un obstáculo no solo para la gobernabilidad democrática, sino también para el Estado de derecho”. Asegura que el MP ha extendido su poder hacia terrenos que no le corresponden, actuando “como si pudiera penalizar temas eminentemente políticos” y, en esa lógica, persiguiendo selectivamente a figuras incómodas.

A esto se suma el señalamiento internacional. Desde septiembre de 2021, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a Porras en la Lista Engel por obstruir investigaciones de corrupción. En mayo de 2022, fue sancionada junto a su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz. La Unión Europea también ha condenado la criminalización de jueces y fiscales, mientras que la CIDH ha instado a Guatemala a garantizar el debido proceso y la independencia judicial. Actualmente la fiscal general acumula más de 40 sanciones a nivel internacional.

Frente a las críticas, el MP ha defendido su gestión. Su secretario general, Ángel Pineda, ha declarado públicamente que la institución no es responsable de prevenir delitos, sino de garantizar el acceso a la justicia. “El MP está haciendo su trabajo. Investigando, procesando y desmantelando redes delictivas”, dijo Pineda.

Esta posición contrasta con lo que plantea Alejandro Rodríguez, de Convergencia por los Derechos Humanos. “El rebrote de las organizaciones tiene que ver con la incapacidad del Ministerio Público para investigar los delitos y obtener condenas. Es un actor primario y responsable del aumento de la criminalidad”.

Este debate no es nuevo. Informes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) han advertido que el debilitamiento de la política criminal del MP genera un vacío que incentiva la impunidad. Para 2022, solo el 5 por ciento de los casos iniciados por denuncia llegaron a una sentencia condenatoria.

“Estos siete años no han sido simplemente años perdidos. Han sido años de destrucción institucional, de pérdida de confianza ciudadana y de profunda impunidad. Pero también han sido años en los que muchos guatemaltecos y guatemaltecas se han mantenido firmes, resistiendo desde dentro y fuera del país”, resume el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. 

A un año del final del mandato de Porras, Guatemala se enfrenta al reto de reconstruir el MP desde sus cimientos. Viendo hacia el 2026, marcado por el cambio de jefe en la institución, los expertos advierten que la persona que asuma el cargo debe tener la visión de rescatar la institución, recuperar la institucionalidad y encaminarla a lo que era antes de Porras.