La mitad de Q1,343 millones en compras adjudicadas durante la gestión de Porras favoreció a un grupo de diez empresas.
La fiscal general pasó de tener aliados en distintos flancos para garantizarse un espacio dentro de las instituciones de justicia en el país, a depender del presidente Bernardo Arévalo para mantenerse al frente del Ministerio Público (MP).
El segundo mandato de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) ha estado marcado por cuestionamientos y críticas. No solo desde el ámbito de la aplicación del derecho penal en distintos casos, sino también en el administrativo. Esto ha ocurrido luego de que hace algunos años los salarios de la funcionaria y trabajadores de la institución que son cercanos a ella han permanecido en las sombras.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango reportó nula cantidad de casos atendidos o en investigación en el último año. Con Consuelo Porras al mando, pasó de ser una entidad que investigó casos de corrupción en el occidente del país a encarcelar a la jefa de la unidad, Virginia Laparra.
Desde que María Consuelo Porras Argueta asumiera como fiscal general del Ministerio Público (MP) en mayo de 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos se transformó. Porras se encargó de destituir a fiscales que lograron sentencias históricas relacionadas con crímenes de lesa humanidad y el MP pasó a ser percibido como la entidad que criminaliza y persigue a defensores de derechos humanos.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) nació como un mecanismo conjunto entre el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su creación respondió a la necesidad de investigar estructuras criminales complejas y llevar a juicio casos de corrupción, financiamiento electoral ilícito y crimen organizado.
El 3 de mayo de 2018, aún desde una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC) como magistrada suplente, María Consuelo Porras Argueta prometió ser abierta a la prensa durante su gestión al frente del Ministerio Público (MP). Contrario a lo que ofreció, su mandato finalizará el próximo 16 de mayo de 2026, y será recordado como uno de los que más ha criminalizado la libertad de expresión y ha limitado el trabajo de la prensa.
En 2022, se desarrolló el proceso para elegir a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), el cual estuvo enmarcado por una resolución judicial que obligó a los comisionados a votar por la inclusión de María Consuelo Porras. En ese entonces, buscaba ser reelecta en el cargo. Esta acción ha sido criticada por analistas que consideran que hubo una extralimitación de funciones.
María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General del Ministerio Público (MP), termina su mandato el próximo 16 de mayo de 2026. Su cercanía a figuras como Walter Mazariegos podría abrirle el camino y alcanzar un cargo que le garantice más años de inmunidad, pero también puede entrampar el proceso para elegir a una nueva persona que ocupe el cargo.
La fiscal general, María Consuelo Porras, ha acumulado una serie de sanciones internacionales que la coloca como una de las funcionarias con más señalamientos a nivel internacional debido al papel que ha desempeñado al frente del Ministerio Público (MP). La Unión Europea (UE) ha emitido estas penalizaciones, afectando no solo a la funcionaria, sino también a la institución que dirige.
