Durante más de una década de trabajo coordinado, ambas instituciones judicializaron más de 120 expedientes, identificaron más de 70 estructuras delictivas y se alcanzaron hasta 400 condenas en los tribunales, lo que consolidó a la FECI como un actor clave en la lucha contra la impunidad.

Fue creada cuando Carlos Castresana estaba al frente de la CICIG, esto en 2008. En ese entonces, el fiscal general del MP era Amílcar Velásquez y surgió con la idea de coordinar los casos. 

La FECI tuvo a su cargo casos e investigaciones emblemáticas como La Línea, Cooptación del Estado, Botín Registro de la Propiedad, Financiamiento de la UNE y varios expedientes vinculados a redes político-económicas. De estos procesos que llegaron a la etapa judicial, personajes como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron encarcelados. 

Tras la salida de la CICIG, la FECI fue convertida en fiscalía de sección en agosto de 2019, un cambio administrativo que coincidió con el fin del mandato del organismo internacional. 

“Al ya no existir CICIG en Guatemala, se entendería que esa fiscalía tenía sentido solo para que siguiera llevando los casos que se quedaron pendientes. Otro criterio sería que fue creada para capacitar a fiscales”, dijo Javier Monterroso, analista y exsecretario privado del MP. 

Monterroso señaló que considera contradictorio que el MP haya cuestionado constantemente el trabajo de la CICIG, mientras la FECI, que fue creada a partir de ese acuerdo, continúe conociendo casos. 

“Entonces para mí no tiene sentido que a la fecha siga existiendo. Los casos deberían haber sido distribuidos entre las otras fiscalías”, señaló el analista. 

Monterroso asegura que la FECI se ha convertido en la principal arma de criminalización del MP, aunque hay otras fiscalías, como la de Delitos Contra el Patrimonio, que también han hecho de su parte al criminalizar a estudiantes. 

“Todo el Ministerio Público creo yo que se ha convertido en una estructura de criminalización, más que una estructura de combate a la impunidad”, señaló.

Salida de Sandoval

Dos años después, el 23 de julio de 2021, el MP anunció la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI, una decisión tomada por la fiscal general Consuelo Porras. 

Esta medida marcó el inicio de una serie de acciones institucionales que, según organizaciones nacionales e internacionales, derivaron en el desmantelamiento progresivo de la fiscalía especializada.

La reconfiguración de la FECI durante la gestión de Porras se convirtió así en un punto de inflexión para el sistema de justicia guatemalteco. Marcó el cierre de una etapa caracterizada por investigaciones de alto impacto y el inicio de un periodo señalado por la comunidad internacional como un retroceso en la lucha contra la impunidad y organizaciones civiles. 

El 98 por ciento del personal de la antigua FECI ya no está

El exfiscal Sandoval afirmó que la unidad fue “desmantelada por completo” durante la administración Porras, y aseguró que alrededor del 98 por ciento del personal que integraba la FECI durante su gestión ya no trabaja en la fiscalía.

Señaló que la salida de fiscales inició desde 2018, tras la llegada de Porras al MP. Algunos investigadores salieron al exilio por presiones internas y otros fueron destituidos sin que mediara un proceso disciplinario. La desarticulación del equipo ocurrió en paralelo a la criminalización de exfiscales y operadores de justicia. 

El exfiscal también afirmó que durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei existieron obstrucciones directas a pesquisas en curso, especialmente en casos de presunta corrupción dentro de instituciones públicas. Además, se impidió a la FECI avanzar en investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en su administración. 

Entre ellas mencionó diligencias vinculadas al caso conocido como asalto al Ministerio de Salud, en el que el MP habría bloqueado acciones como el secuestro de libros de ingresos del ministerio y la coordinación de apoyo policial necesario para ejecutar órdenes judiciales.

Sandoval afirmó que estas limitaciones formaron parte de un patrón de intervención institucional que restringió la capacidad de investigar hechos relacionados con el Ejecutivo. 

“El 90 por ciento del personal tenía denuncias; más del 95 por ciento, incluso creo que el 98, ya no está en la FECI”, dijo. 

Uno de los primeros exfiscales de la FECI que salieron al exilio fue Andrei González. Posteriormente, renunciaron más trabajadores de la fiscalía anticorrupción, como Carlos Videz, David Zepeda, Gilma Guerra, Joselin Pérez, entre otros. 

Se destacan también los casos de Virginia Laparra, Eva Siomora Sosa, Paola Escobar y Aliss Morán, quienes enfrentaron procesos judiciales en Guatemala tras su trabajo en la FECI. 

El exjefe de la FECI señaló que desde que llegó Porras se obstruyeron varias investigaciones, como el caso del financiamiento ilícito a la UNE, específicamente lo relacionado con Sandra Torres, y también el de la Ley Tigo. 

En cuanto al personal que aún permanece en la FECI, indicó que desconoce las razones por las cuales no fueron removidos, pero considera que algunos han sido “utilitarios” para los intereses de la fiscal general.

A su criterio, la salida masiva del personal especializado dejó “vacíos estratégicos” que afectaron investigaciones, procesos institucionales e incluso controles democráticos en el país.

Se consultó al departamento de Prensa del MP sobre cuánto personal que trabajó con Sandoval aún permanecen laborando en la institución, pero no se obtuvo respuesta.

La llegada de un aliado fiel a Porras

Tras la salida de Sandoval de la FECI, Curruchiche fue nombrado jefe y desde entonces se ha convertido en uno de los aliados principales y estratégicos de Porras en el MP. 

Un estudio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), presentado conjuntamente con la Alianza por las Reformas, detalla que desde la llegada de Curruchiche a la FECI, este se ha “encargado de procurar impunidad”. 

Además, resaltan que bajo su mandato se han dado casos de criminalización contra exfiscales, exmiembros de la CICIG, trabajadores del Tribunal Supremo Electoral y también contra periodistas y otros actores sociales.

“A la FECI se le convirtió en un instrumento de persecución contra personas que han investigado la corrupción, personas defensoras de derechos humanos, periodistas e integrantes de la sociedad civil”, señala el informe.

Criminalización desde la FECI

El informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en el que se detalla que la mayoría de los operadores de justicia criminalizados provienen de la FECI. 

El documento que recopila casos de criminalización y violaciones a los derechos humanos entre 2020 y 2025 señala que un total de 66 operadores de justicia fueron sometidos a procesos judiciales cuestionables, de los cuales 38 formaron parte de la FECI. 

Las personas criminalizadas han sido señaladas principalmente por delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal y revelación de información confidencial o reservada. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en su informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala” que durante el gobierno de Giammattei se recibieron múltiples informaciones sobre el fortalecimiento de las redes de poder paralelas que habrían operado para consolidar la captura de 48 instituciones claves del Estado. 

Uno de los puntos que fue considerado como más grave dentro del informe de la CIDH fue la cooptación y desmantelamiento de la FECI, que se inició con la destitución de Sandoval. 

“Desde 2021, bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche, la FECI ha sido señalada como la principal unidad del Ministerio Público encargada de la persecución penal de personas operadoras de justicia, periodistas, defensoras de derechos humanos, integrantes del partido Movimiento Semilla y funcionarias del actual gobierno”, señala el informe de la CIDH.