La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe final sobre las condiciones actuales en Guatemala, tras una visita desarrollada en julio del año pasado. Las conclusiones revelan que el país enfrenta una “profunda crisis institucional” que mantiene en riesgo la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho. 

Para la elaboración del informe se realizaron solicitudes de información a diferentes dependencias públicas, se evaluó el cumplimiento de medidas cautelares, 31 reuniones de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, 48 encuentros con personas defensoras de derechos humanos, sectores empresariales, sindicatos, comunidades académicas y de la sociedad civil, entrevistas y visitas a diferentes cárceles del país. 

La relatora para Guatemala, Andrea Pochak, indicó que la “crisis” se deriva de un sistema de pesos y contrapesos deteriorado como consecuencia del control que tienen actores externos sobre instituciones del Estado. 

“Durante su visita in loco, la CIDH observó un escenario de connivencia (confabulación) de los poderes Legislativo y Judicial orientado a restringir la autoridad del Ejecutivo y mantener el statu quo”, señala el apartado 612 de las conclusiones del documento. 

Las instancias más criticadas son la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el MP y el Organismo Judicial (OJ). 

Recomiendan un examen al MP para reformar su ley orgánica

A criterio del organismo internacional, el MP se apartó de su mandato constitucional y fue cooptado para realizar persecución selectiva a través del uso del derecho penal.

“La CIDH constató que la criminalización se consolidó como una práctica generalizada en Guatemala. En un inicio, fue dirigida como represalia contra personas operadoras de justicia y exfuncionarias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero se ha extendido a abogados, comunidades indígenas, campesinas y sindicales, periodistas, estudiantes y funcionarios públicos”, detalla el informe. 

La CIDH recomendó que se realice un examen independiente sobre el funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos en los últimos siete años, que coinciden con la gestión de Consuelo Porras al frente del ente investigador. Esta evaluación debería hacerse con el objetivo de reformar la ley orgánica del MP. 

Este examen debería incluir:

• La gestión administrativa, relacionada con la revisión de los criterios y procedimientos de nombramiento, traslado y remoción de fiscales y personal técnico.
• Política criminal, enfocada en los criterios que utiliza el MP sobre el ejercicio de la acción penal y el cumplimiento de imparcialidad y objetividad. 
• Investigación: una evaluación de la eficacia, independencia y exhaustividad que tienen las investigaciones presentadas por el MP. 

“Los organismos de justicia tienen que ser independientes, incluyendo al MP, pero eso no significa que no tengan un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces hay que modificar la legislación del MP, en el caso de Guatemala, para garantizar que también la fiscal general pueda tener un mecanismo independiente de rendición de cuentas”, aseguró Andrea Pochek, relatora para Guatemala. 

Por medio de su departamento de prensa, el MP rechazó las afirmaciones emitidas en el informe de la CIDH que cuestionan su independencia y objetividad.

“Todas las actuaciones del MP se fundamentan en lo que establece la ley, en criterios técnicos, pruebas verificables y control judicial. La institución reitera que no existe persecución selectiva y que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cumple su mandato legal de investigar sin atender presiones políticas o mediáticas”, afirmó el ente investigador. 

Evaluación de los jueces y evitar criminalización

La Comisión indicó que hubo injerencias indebidas en los procesos de selección y nombramiento de las altas autoridades judiciales e instó a realizar una evaluación de los jueces que actualmente operan en el país. 

Las recomendaciones sugieren adoptar reformas legales para garantizar la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto a través del fortalecimiento y la autonomía del Consejo de la Carrera Judicial. 

Además, se hizo un llamado a que no se criminalice a los postulantes que busquen un cargo en los procesos de elección de segundo nivel que se desarrollarán en el país en el 2026, siendo estos magistraturas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC), fiscal general y contralor general de cuentas. 

La CIDH solicitó a las postuladoras que “prohíban expresamente que los integrantes de las comisiones participen simultáneamente como electores y aspirantes”. También, que se “definan metodologías y criterios de evaluación objetivos y claros, con tablas de calificación previamente establecidas que no puedan ser modificadas durante el proceso”. 

La PDH incumple sus funciones

Pochak, relatora para Guatemala, aseguró que durante su visita hubo una reunión con el Procurador de Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, sin embargo, él no asistió a la presentación del informe de este lunes. 

La CIDH concluyó que la institución del PDH “no cumplió sus funciones como contrapeso institucional frente al uso arbitrario del poder punitivo, profundizando así el abandono y desprotección en perjuicio de quienes han sufrido la persecución penal selectiva”. 

Según la entidad internacional, hay denuncias ciudadanas que señalan al PDH como un ente que interpone acciones legales en beneficio de los intereses de grupos y élites de poder interesados en perpetrar impunidad.

Como ejemplo se tomaron las acciones que Córdova interpuso en contra del exprocurador Jordán Rodas, quien buscaba postularse a vicepresidente durante las elecciones de 2023. “Según muchas opiniones recibidas, la PDH ha dejado de ser una instancia de protección para la población”, aseguró Pochak. 

El departamento de prensa de la PDH respondió a los señalamientos, asegurando que la institución ha cumplido con su mandato constitucional; “sin embargo, en temas judicializados o investigaciones del MP, la PDH no puede interferir”, afirmó la entidad. 

eP Investiga cuestionó a la presidencia de Guatemala sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones que emitió el organismo internacional, pero al cierre de esta nota aún no se obtuvo respuesta.