En abril de 2023, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) solicitó al PDH, Alejandro Córdova, una reunión para dialogar sobre las garantías de los derechos universales en Guatemala. En ese entonces se avizoraban eventos como la primera y segunda vuelta de elecciones presidenciales, que, según antecedentes, podrían mostrar conflictividad.
Córdova respondió a la invitación asegurando que participaría del encuentro con los representantes de HRW, pero incumplió el compromiso y nunca llegó. Después de esa ocasión, la organización no volvió a tener contacto con la PDH, pese a que constantemente efectúan visitas de observación en el país para documentar y reportar, ante la comunidad internacional, la situación de derechos humanos en Guatemala.
“Francamente, no sé qué es de la vida del Procurador de los Derechos Humanos, no lo he visto, no lo he visto pronunciarse cuando se detienen personas arbitrariamente en el país; hasta donde sé, no hace pronunciamientos. No sé qué es lo que hace con el cargo, realmente es preocupante”, aseguró Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas para HRW.
A criterio de Pappier, el país enfrenta desafíos en materia de derechos humanos porque tiene presos políticos como José Rubén Zamora, Estuardo Campo, Luis Pacheco y Héctor Chaclán; cuyos casos han pasado desapercibidos por la entidad que debería velar por el cumplimiento de las garantías individuales.
“Los desafíos en derechos humanos en Guatemala son enormes y eso requiere una institucionalidad y personas dispuestas a protegerlos y, lamentablemente, me parece que el Procurador de los Derechos Humanos no está a la altura de ese desafío”, indicó Pappier.
Esta no es la única instancia internacional que tiene una visión negativa de la gestión del procurador Córdova. El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe preliminar de la visita que tuvo en Guatemala del 22 al 26 de julio de 2024. En las recomendaciones se instruye a la PDH a tomar medidas para garantizar que, en corto plazo, “se ajuste a su mandato constitucional en favor de la protección de los derechos humanos de la población guatemalteca”.
Esa sugerencia se emitió luego de que la comisión sostuvo reuniones con diferentes autoridades de Estado, organizaciones, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, sector privado, entre otros. En esas entrevistas, la CIDH fue informada sobre la “pérdida de independencia” que tenía la PDH desde la llegada Córdova, a la institución. Los consultados también informaron que, contrario al mandato de la protección de derechos humanos, la PDH emitió acciones en favor de grupos de poder que buscan impunidad.
“Según fue indicado, desde entonces, la PDH no cumpliría con su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos de la población guatemalteca; por el contrario, en el contexto del patrón de criminalización generalizada observado por la CIDH, el trabajo de la Procuraduría se ha caracterizado por la interposición de acciones legales que resultan en beneficio de los intereses de grupos y élites de poder interesados en perpetrar la impunidad que criminalizan la protesta social o ejercicio legítimo de los derechos humanos que forman parte del espacio cívico”, expresa el documento preliminar.
Según la CIDH, el informe definitivo de la última visita a Guatemala se encuentra en su etapa final; sin embargo, aún no se tiene fecha establecida para su publicación.
Organizaciones y personas defensoras de derechos en Guatemala también critican al PDH por su ausencia en momentos clave de la coyuntura nacional, principalmente por la persecución a líderes comunitarios, fiscales y periodistas.
Mientras tanto, este 19 de agosto, la institución celebra su 40 aniversario. En su cuenta oficial de X, la entidad publicó un saludo de Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador.
Este país centroamericano ha sido señalado de graves violaciones a los derechos humanos durante la administración del presidente Nayib Bukele con la implementación de un estado de excepción decretado desde 2022. “Quiero enviar un saludo a mi amigo y colega, el doctor Alejandro Córdova”, expresó Caballero.
La Oficina de Prevención de la Tortura también envió un saludo de felicitación de parte del relator titular Lesther Castellanos, quien presentó denuncias contra la exfiscal de FECI, Virginia Laparra y por los cuales estuvo más de dos años en prisión.
Córdova y el caso Comisiones Paralelas 2020
Antes de ser electo por el Congreso, Córdova fungía como magistrado vocal de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Familiar. El 16 de julio de 2020, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada en ese momento por Juan Francisco Sandoval, solicitó el retiro de inmunidad de 13 magistrados de diferentes salas, incluido el ahora PDH. La solicitud se presentó por la posible comisión de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.
La investigación presentada reveló que de febrero a julio de 2020, los 13 magistrados mantuvieron comunicación permanente con el operador político y privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. Según la fiscalía, hubo visitas, mensajes y llamadas telefónicas por parte de los señalados que buscaban favorecer su elección como magistrados de las cortes de justicia del país. Al ser electo en 2022 por el Congreso como PDH, Córdova obtuvo cinco años más de inmunidad.
Por el caso Comisiones Paralelas, presentado hace 5 años, no existieron capturas; al contrario, fiscales que llevaron la investigación se encuentran en el exilio.
Postura PDH
Los días lunes 18 y martes 19 de agosto, ePinvestiga consultó a la Dirección de Comunicación de la PDH una postura sobre los señalamientos emitidos por la organización HRW. También se buscó comunicación con Córdova a través de llamadas telefónicas y comunicaciones por WhatsApp; sin embargo, no respondió.
En un inicio, la oficina de prensa indicó que no se podía atender una entrevista presencial ni llamada telefónica porque tendrían actividad institucional.
